El ente fiscalizador señaló que no le corresponde “incidir en la autonomía que el ordenamiento le reconoce a la Convención Constitucional”.

Elisa Loncón, presidenta de la Convención, ya fue notificada al respecto.

Los diputados de la Democracia Cristiana, Gabriel Silber y Gabriel Ascencio, ingresaron el escrito.

El edil sostuvo a través de su cuenta de Twitter que “estamos solo frente a faltas administrativas y he instruido que se apliquen todas las medidas a nuestro alcance para subsanar”.

Durante el mandato de Martorell, se realizó una licitación por cámaras corpóreas a Carabineros por un monto cercano a los 400 millones de pesos.

Por ello, la municipalidad deberá realizar sumarios administrativos.

Debido a este rechazo, el subsecretario Galli anunció que se encuentran “evaluando todas las vías, para que todas las capacidades del Estado sean puestas a disposición de los ciudadanos”.

Las infracciones habrían significado una importante merma de recursos para el municipio.

“Nos informaron que se ha hecho entrega de grados de manera irregular, destitución de dirigentes, despidos de trabajadores y trabajadoras con fueros maternales y algunos a cuatro meses de poder jubilarse. Me parece inaceptable que incluso en medio de una pandemia trabajadores de la salud deban pasar por situaciones como estas”, dijo la parlamentaria.

La materia central de los convenios que se establecerán una vez que esté instalado el Concejo Municipal –que debe aprobar dichos acuerdos-, será la revisión previa de la juridicidad de los procesos de contratación que indica el convenio.

El sillón edilicio será asumido por Macarena Ripamonti el próximo 28 de junio.

El imitador adquirió una vivienda en el 2013 a través de su empresa de inversiones, pasándola tres años después a su nombre y el de su esposa Paloma Soto.

El edil anunció el pasado 1 de febrero la entrega de manera gratuita de este tratamiento para vecinos de la comuna.

El hecho fue denunciado por el diputado Andrés Celis ante la Contraloría y la Superintendencia de Salud.