El parlamentario regionalista cuestionó duramente el incremento de $3 millones en la dieta del Mandatario por concepto de metas de gestión (PMG). “¿Quién evalúa si él cumplió o no?”, ironizó el legislador, exigiendo la restitución de los fondos.
El jefe comunal cumplió una suspensión de 30 días instruida tras un informe de Contraloría que detectó irregularidades administrativas.
La bancada del Partido Republicano anunció que buscará esclarecer eventuales irregularidades detectadas por Contraloría en contratos adjudicados tras el incendio de febrero de 2024.
El fiscal anticorrupción Eugenio Campos confirmó que los antecedentes detectados por Contraloría podrían tener relevancia penal.
El ente fiscalizador detectó que la licitación se aprobó apenas 13 días antes del evento, lo que impidió cumplir con el show pirotécnico prometido. El alcalde José Jofré confirmó el inicio de un proceso disciplinario.
La alcaldesa Macarena Ripamonti aseguró que la ayuda se entregó de forma urgente ante la magnitud del desastre y defendió la trazabilidad de los recursos municipales.
Cinco informes de auditoría detectaron pagos sin respaldo, sobreprecios y deficiencias de control en servicios públicos y municipios tras la emergencia de febrero de 2024.
El parlamentario solicitó investigar la decisión de declarar desierto el proceso de Alta Dirección Pública, acusando que existían candidatos idóneos para asumir. Advierte que repetir el concurso implica un doble gasto para el Estado.
Un informe de la Dipres, con datos de Contraloría, evidenció la magnitud del uso irregular de licencias médicas en el Gobierno Central y el bajo número de desvinculaciones.
Una fiscalización a 66 iniciativas financiadas por el Gobierno Regional reveló un desorden administrativo mayor. Desde la falta de evidencia fotográfica hasta la desaparición de equipos tecnológicos y posibles adulteraciones de documentos, el ente fiscalizador ordenó restituir fondos y tomar acciones legales.
La medida fue anunciada por el futuro ministro de las Culturas, Francisco Undurraga, tras un reportaje que reveló posibles fraudes en el uso del beneficio estatal.
La investigación se inició tras una denuncia que obligó al ente fiscalizador a revisar los antecedentes del trabajador.
El ente contralor detectó cientos de permisos entregados fuera de norma, falencias graves en los controles y posibles responsabilidades administrativas.
Dorothy Pérez planteó que los recursos destinados a emergencias podrían no estar disponibles para financiar la Ley de Reajuste que se vota en el Senado.