Una fiscalización a 66 iniciativas financiadas por el Gobierno Regional reveló un desorden administrativo mayor. Desde la falta de evidencia fotográfica hasta la desaparición de equipos tecnológicos y posibles adulteraciones de documentos, el ente fiscalizador ordenó restituir fondos y tomar acciones legales.

La medida fue anunciada por el futuro ministro de las Culturas, Francisco Undurraga, tras un reportaje que reveló posibles fraudes en el uso del beneficio estatal.

La investigación se inició tras una denuncia que obligó al ente fiscalizador a revisar los antecedentes del trabajador.

El ente contralor detectó cientos de permisos entregados fuera de norma, falencias graves en los controles y posibles responsabilidades administrativas.

Dorothy Pérez planteó que los recursos destinados a emergencias podrían no estar disponibles para financiar la Ley de Reajuste que se vota en el Senado.

Un error en el cálculo de sueldos obligó a autoridades del Ministerio de la Mujer a devolver más de $300 millones al fisco.

El organismo fiscalizador propuso la máxima sanción administrativa para el jefe comunal (RN), quien fue detenido en septiembre pasado con hálito alcohólico mientras conducía una camioneta municipal en Hualañé.

Se trata de la médica venezolana Krissy Mora Duarte.

El organismo ordenó iniciar un sumario administrativo y derivó los antecedentes al Ministerio Público y al Consejo de Defensa del Estado.

La Contraloría aprobó tres contratos globales que permitirán iniciar en 2026 trabajos de mantención en Marga-Marga, Quillota y Petorca Costa, garantizando continuidad y seguridad en la red vial regional.

El informe muestra un aumento de casos, detalla los avances de los sumarios y estima el costo asociado a funcionarios con ausencias injustificadas.

El Mandatario señaló que el recinto dejará de tener un carácter especial y pasará a formar parte del sistema penitenciario nacional desde 2026.

La Subcomisaría Forestal Alto beneficiará a más de 58 mil personas y contempla una inversión superior a $7.500 millones.

El documento asegura que la gestión de Orrego se ajusta a la ley y pide rechazar el requerimiento por abandono de deberes.