Informe del CAIGG advierte transferencias millonarias y patrones de contratación bajo análisis. Autoridades aclaran que los hallazgos no constituyen irregularidades concluidas.

Cinco informes de auditoría detectaron pagos sin respaldo, sobreprecios y deficiencias de control en servicios públicos y municipios tras la emergencia de febrero de 2024.

Desde el Gobierno aseguran que una auditoría preliminar no ha detectado fraudes, pese a nuevas denuncias levantadas por el municipio de Penco.

La medida fue anunciada por el futuro ministro de las Culturas, Francisco Undurraga, tras un reportaje que reveló posibles fraudes en el uso del beneficio estatal.

La UDI desistió de impulsar una acusación constitucional contra la ministra Ximena Aguilera, pese al ultimátum. El caso se vincula a la cirugía de su madre en el Hospital del Salvador y una auditoría en curso.

El organismo ordenó iniciar un sumario administrativo y derivó los antecedentes al Ministerio Público y al Consejo de Defensa del Estado.

La medida se adoptó “en virtud de las presentaciones realizadas por parlamentarios y ciudadanos”.

Además se dio cuenta de postulaciones a licitaciones redactadas idénticamente igual por empresas sin relaciones entre ellas.

Las observaciones tienen relación al control financiero, control presupuestario, gestión municipal, reclutamiento y contratación de funcionarios, además de adquisición de bienes y servicios.

El defensor aseguró que las acusaciones de Vodanovic “son al voleo, sin sentido y que no logra explicar, ni dar cuenta cómo dichos fondos fueron extraídos”

Contraloría instruirá un procedimiento disciplinario.

Según informó la alcaldesa Melipillán, a través de esta denuncia, se busca investigar si los $2.400 millones no acreditados corresponden o no a una malversación de fondos públicos.

El informe fue dado a conocer durante el Consejo Nacional de la Democracia Cristiana.

La auditoría buscará establecer el verdadero estado financiero del municipio.