Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas aprobó una resolución en la que pide al Gobierno de Venezuela que abra sus puertas a la asistencia humanitaria.
Ministra de Educación acusó que el programa Jardines Infantiles Meta se ejecutó «de forma muy irresponsable» y que «terminó jugando con las ilusiones de niños y de familias».
El presidente de Estados Unidos aseguró que el “horrible gobierno socialista» de Venezuela es una «amenaza para sus propios ciudadanos».
Felipe Larraín deslizó críticas al Gobierno de Bachelet diciendo que no quieren que la deuda pública «siga creciendo o doblándose cada cuatro años, como acaba de ocurrir en los años anteriores».
Senador Chahuán aseguró que la Subsecretaría de Desarrollo Regional ha comprometido realizar el estudio y que han sostenido conversaciones con el Ministerio de Hacienda para tales efectos.
Canciller Ampuero explicó que Chile considera de «la más alta gravedad las amenazas del Gobierno de Venezuela en torno a desconocer la inmunidad diplomática de nuestra Embajada».
Mandatario aseguró que esta reforma constitucional pretende «proteger esos valiosos aportes que nuestros pueblos originarios han hecho a través de su historia».
Se implementará un plan que involucra 491 proyectos y una inversión pública de US$ 8.043 millones para el periodo 2018 a 2026.
Decisión permite suspender faenas contaminantes en toda la zona, tal como lo explicó la ministra del Medio Ambiente, quien además aseguró que «se endurecerá la ley ambiental».
El presidente Sebastián Piñera anunció esta decisión, que se llevará a cabo este martes 25 de septiembre.
Seremi de Salud, Francisco Álvarez, le explicó a los vecinos que las alertas sanitarias «se decretan a nivel central, a través del Ministerio de Salud», pero les aseguró que se trabaja en ello.
Andrei Tchernitchin, presidente del Departamento del Medio Ambiente del Colegio Médico, calificó como «un error grave» del Ejecutivo haber levantado la Alerta Amarilla en la zona.
El texto aprobado apunta a una visión integral, que incorpore la mirada de las regiones y comunidades como actores relevantes y como una política de Estado a largo plazo.
Directores de colegios podrán sancionar a alumnos por uso, posesión, tenencia y almacenaje de armas y/o a quienes agredan físicamente a miembros de la comunidad educativa.