El Presidente Gabriel Boric informó que presentará ante el Congreso Nacional un proyecto que estabilice los valores de las cuentas de suministro eléctrico.
La pena de cárcel aumentaría de 3 a 5 años para aquellas personas que maltraten animales y comercialicen sus partes, recibiendo además una multa de hasta 30 UTM.
La iniciativa fue presentada por los senadores Juan Antonio Coloma (UDI), Alejandro García Huidobro (UDI), Manuel José Ossandón (RN), Yasna Provoste (DC) y Ximena Órdenes (IND).
Por unanimidad fue aprobado por el Senado, el proyecto que establece un procedimiento más ágil y expedito para que los dueños de inmuebles arrendados puedan recuperarlos en casos de morosidades sostenidas o daños.
Para Paulina Núñez, impulsora de la iniciativa, el objetivo de este proyecto de ley es que “ninguna mujer quede impedida de asistir a alguna movilización, acto o movilización en un día tan importante para todas”.
Esta iniciativa busca resolver los conflictos civiles en temas comerciales o de consumo sin tener que llegar a tribunales.
El proyecto busca que sean los arrendatarios quienes contraten los servicios básicos.
Ahora pasa a la sala para su discusión en general y luego vuelve a la Comisión de Constitución del Senado para discutir la redacción de un artículo.
En la instancia, el Jefe de Estado, señaló que el Código Penal vigente responde “mucho más a la realidad del siglo XIX que a las necesidades del siglo XXI», por lo que «es necesario una actualización y modificación”.
El proyecto propone incorporar un artículo transitorio en el Código de Minería que suspendería el actual proceso de licitación partiendo desde este 5 de enero de 2022 hasta la fecha en que se publique la nueva Constitución, de manera retroactiva.
El proyecto fue presentado hace más de dos años por la diputada Carolina Marzán.
Se trata de un proyecto que modifica el Código Penal para agravar e incrementar las penas de los delitos que sean cometidos contra niños y niñas, entre otros.
“Sería una irresponsabilidad aprobar el proyecto tal como está”.
Este proyecto de ley nace , ya que por la pandemia aún no existe un retorno efectivo a la normalidad, lo que ha dificultado los procesos eleccionarios y los mandatos de directores u órganos de administración,