Además, “Se establece un adelanto en la presentación de los gastos electorales para evitar conductas ilícitas respecto de quienes una vez realizada la elección han abultado los rendimientos”, informó el ministro Elizalde.
La iniciativa, representada por Hugo Rey, Ximena Ossandón, Eduardo Durán y Frank Sauerbaum, busca evitar que los migrantes sean víctimas de tráfico de personas, así como contrataciones abusivas.
De esta manera, el Presidente Gabriel Boric, no recibiría la pensión a los 40 años, edad que tendría el mandatario al dejar el cargo.
La iniciativa fue aprobada con 121 votos a favor, 10 abstenciones y cero en contra.
La tasa de mortalidad por cáncer de mama en Chile, llegó a 8,5 por 100.000 habitantes en 2020, situándose desde entonces como la principal causa de muerte entre las mujeres del país.
La Moción de autoría de la diputada Carolina Marzán, presidenta del Frente Parlamentario contra el Hambre y la Malnutrición, busca asegurar el derecho humano a una alimentación adecuada.
Comisión de Gobierno Interior de la Cámara Baja escuchó argumentos de la Federación Nacional de Autismo.
Junto con anunciar un aumento del gasto público de un 3,5%, el Jefe de Estado afirmó que el 2024 será el año de la reactivación económica.
La diputada Marzán presentó esta iniciativa con el propósito de facilitar la inclusión y el ejercicio pleno de los derechos políticos de las personas neurodivergentes y con alguna discapacidad que les impida leer.
Ante la escalada de delitos cometidos por “motochorros”, el jefe comunal dijo que es fundamental que fiscalizadores y policías cuenten con herramientas para identificar a los conductores que no cuenten con su documentación.
La iniciativa, aprobada de forma unánime, beneficiará a cerca de 1.600.000 personas.
Esta nueva ley, en concreto, suprime o modifica la intervención de notarios en más de 20 trámites y gestiones determinadas.
“Como funcionarios públicos no vamos a ser discriminados”, remarcó Helmuth Griott, vicepresidente de la Asociación Nacional de Empleados Fiscales.
La iniciativa plantea penas que van desde los 541 días a los 3 años y un día de cárcel para quienes sean sorprendidos con chips, celulares o aparatos de telecomunicaciones que les permitan cometer ilícitos desde los recintos penitenciarios.