Desde Copsa (Asociación de Concesionarias) respondieron “somos responsables de la seguridad vial, no de la seguridad pública”.
“Son bienes comunes naturales el mar territorial y su fondo marino; las playas: las aguas, glaciares y humedales; los campos geotérmicos; el aire y la atmósfera; la alta montaña, las áreas protegidas y los bosques nativos; el subsuelo y los demás que declaren la Constitución y la ley”, indica el artículo.
l secretario de Estado afirmó que “hoy vamos a ingresar la solicitud de extensión de Estado de Excepción hasta el 11 de noviembre».
El monto del Aporte Familiar Permanente de este año es de $49.184 por cada carga familiar o causante de Subsidio Familiar.
El fallo se ordena por la falta de servicio policial.
El fallo indica que el Estado debe asegurar el acceso al agua de todos los habitantes por ser un “derecho humano”.
“Este es un tema grave. Yo quiero hacer un llamado nacional. Llegó la hora de poner el agua como un tema de Estado, de unión nacional para enfrentarlo juntos”, enfatizó el titular de la cartera de Agricultura.
Justicia rechazó la acción tras establecer que «no se configura falta de servicio de la Fach», sino que la aeronave «se precipitó al mar debido a las condiciones climáticas».
La comunidad mapuche Antonio Peñeipil, de Galvarino, aseguró que «ni las balas ni las rejas opacarán nuestras acciones de resistencia por defender lo que nos pertenece».
De momento, han salido de la región Metropolitana un total de 168 mil vehículos, esperándose que salgan en total 367 mil automóviles desde la capital.
El diputado Verdessi (DC) aseguró tener «suficientes antecedentes para pensar que existe un gran número de personas afectadas que, por políticas de Estado, deben ser reparadas».
Core Millones (UDI) hizo un llamado al concesionario, arrendatario e instituciones públicas a «velar para que el balneario esté condiciones de seguridad, limpieza e higiene».
El máximo tribunal señaló que «esto pone de relieve la deuda del Estado chileno con las parejas del mismo sexo».
9º Juzgado Civil de Santiago estableció la responsabilidad del Estado por la falta de fiscalización a la empresa Minera San Esteban Primera S.A., dueña del yacimiento.