La acusación constitucional será presentada la próxima semana, una ve que se reúnan las diez firmas necesarias para elaborar el libelo.
“No he robado plata, no he ejercido tráfico de influencias, no me he beneficiado de ninguna manera”, afirmó Pérez.
“Yo no no voy a renunciar, voy a seguir trabajando en la tarea que estoy”, remarcó el secretario de Estado.
En la instancia, Miguel Crispi negó haber sido citado a declarar, pero que se encuentra disponible para hacerlo.
La casa de estudios fue vendida a Diego Ancalao, quien se encuentra en prisión preventiva tras ser formalizado por fraude al fisco en el marco del Caso Convenios.
El Gobierno aseguró que Crispi, no estaría obligado a asistir ya que es un funcionario a honorarios.
Asimismo, se allanaron cuatro domicilios de funcionarios públicos.
“Esto es una operación típica de corrupción, aprovechar un espacio para tratar de armar un poder político”, remarcó el titular del Minvu.
La Brigada de Delitos Económicos, tiene un informe que consta de 60 páginas, en la que informa a Fiscalía de los resultados tras allanamientos y declaraciones a testigos.
El documento deja en evidencia a 15 personas que trabajaban en el Serviu o Seremi y que fueron contratadas por fundaciones, incluyendo Democracia Viva.
“Es necesario que ella se siente y le pueda explicar al Parlamento en qué consistió su fundación y en qué consistieron estos traspasos de dinero si existieron”, agregó el diputado de RN José Miguel Castro.
El diputado Raúl Soto (PPD) recalcó que la comisión recibirá y escuchará a todos para que “sean medidos efectivamente con la misma vara”.
Se denunció que el Gobernador Regional, Rodrigo Díaz, habría impedido el ingreso al recinto, debido a un aforo limitado.
Desde el partido anunciaron que subsanarán lo observado por el Tribunal.