Esta fiscalización tendrá como objetivo conocer las razones por las que dichas empresas utilizan esta medida que podría vulnerar los derechos de los consumidores.

En el documento recuerdan que en 2021 fue promulgada la ley 21.365 que regula las tasas de intercambio de las tarjetas de pago.

El organismo busca velar la correcta y completa devolución de las entradas.

La entidad llamó a que los organismo cuenten con respaldo de sus datos y procesos importantes.

La circular emitida por el organismo busca fomentar la implementación y cumplimiento de buenas prácticas, tanto por parte de las empresas como de los influencer.

Los consumidores se quejan por incumplimientos contractuales, relacionados con cobros indebidos por cuotas de mantención, cobros de seguros no informados, problemas de la cobranza extrajudicial (llamadas en días y horas prohibidas), entre otros. 

En la mayoría de estos casos, estas supuestas empresas solicitan a los consumidores realizar pagos anticipados, asociados a gestiones propias del supuesto crédito, mediante transferencias a una persona natural.

Este sería el quinto avenimiento de mayor cuantía logrado por el Servicio en juicios colectivos en los últimos cinco años.

El hecho tuvo lugar en el condominio Las Codornices de Quillota.

El organismo ya había oficiado a la productora antes del concierto para asegurar que se dispusieran mecanismos adecuados de devolución del dinero de las entradas ante el cambio de ubicación.

La decisión de Netflix se trata de una prueba piloto en tres países, donde junto con Chile se encuentran Costa Rica y Perú.

La empresa habría cargado a las cuentas de electricidad, seguros de vida, de salud, de accidentes personales, además de servicios de asistencia al hogar, entre ellos, gasfitería, electricidad y cerrajería, entre otros.

La empresa sanitaria tendrá un plazo de 10 días hábiles para responder.

A juicio del organismo, ambas entidades infringieron el derecho a la libre elección de los consumidores al no respetar el derecho de los estudiantes a expresar su consentimiento sobre el cambio en la modalidad de clases presencial a online, impidiéndoles a quienes no lo deseaban, terminar el contrato y recuperar su dinero o realizar una rebaja proporcional del precio.