Los diputados de la tienda opositora acudieron hace dos meses hasta el Consejo solicitando perseguir a quienes recibieron irregularmente los beneficios, pero el organismo no ha respondido.
El Jefe de Estado reconoció que hubo «irregularidades» en el proceso de otorgamiento del beneficio.
La secretaria de Estado calificó como una «situación indignante» que se hayan considerado a personas con antecedentes penales como almacenamiento de pornografía infantil, homicidio y drogas, entre otros.
La Moneda confirmó que existen 69 casos con antecedentes por diversos delitos, 21 de ellos bajo el mandato de Sebastián Piñera y 48 bajo el mandato de Gabriel Boric.
Los parlamentarios apuntaron a la “negligencia manifiesta o inexcusable en el ejercicio de sus funciones”.
Asimismo, se indicó que 58 de las 419 personas beneficiadas tienen antecedentes penales.
“Hemos encontrado cerca de 50 pensiones de gracia de personas que cuentan con antecedentes penales. He mandatado a los organismos correspondientes que, eso que no se tenía a la vista a la hora de otorgarlas, hoy día se revise”, comentó el mandatario.
El diputado Verdessi (DC) aseguró tener «suficientes antecedentes para pensar que existe un gran número de personas afectadas que, por políticas de Estado, deben ser reparadas».