Durante esta jornada de jueves, la Contraloría General de la República dio a conocer un informe respecto de las pensiones de gracia otorgadas por el Estado en el contexto del denominado “estallido social”.

En este sentido, el documento denominado como  “Auditoría al proceso de otorgamiento de pensiones de gracia a personas afectadas en las manifestaciones iniciadas en el mes de octubre de 2019”, se detalla que 58 de las 419 personas beneficiadas tienen antecedentes penales.

En concreto, el informe evidencia que este grupo individualizado “tienen antecedentes penales por condenas, con resultado de multa, prisión y reclusión o presidio, incluidos delitos violentos”.

En esta línea, se detalló que incluso algunos tienen “más de 10 condenas por diversos tipos penales, entre los cuales se advierten delitos de estafa, tráfico y microtráfico de estupefacientes, producción de material pornográfico infantil, abuso sexual, robo con violencia, homicidio, lesiones en contexto de violencia intrafamiliar, entre otros”.

Junto a ello, el órgano contralor advierte que de haber contado “oportunamente con la información advertida, pudo ser útil para evaluar tanto la aprobación del beneficio, como las condiciones para su otorgamiento”.

Cuestionamientos al INDH

Por otro lado, el texto cuestionó el trabajo del Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH), este como organismo encargado de acreditar la calidad de víctima de derechos humanos en el proceso de otorgamiento de las pensiones de gracia por el estallido.

Al respecto, advierte que en algunos casos no se ha logrado “confirmar o acreditar con diversas instancias la información remitida por el INDH, siendo esta la única fuente de antecedentes para evaluar los casos, lo cual puede influir en una errónea determinación del daño, con el consiguiente riesgo de que se otorgue una pensión por un monto y/o plazo que no corresponda”.

 “Se constató que 19 expedientes de beneficiarios a la pensión de gracia en estudio, remitidos por el INDH a la entidad auditada para su evaluación, no presentaban antecedentes médicos, o bien, los respaldos correspondían a certificados médicos poco legibles, sin diagnóstico, con antecedentes contradictorios respecto del daño o con una fecha anterior a octubre de 2019”, advierte.

Finalmente, cuestiona que “el INDH no realizó indagaciones adicionales a los documentos entregados inicialmente por la víctima, para verificar los hechos relatados, situación que resulta relevante, pues el DAS, de la Subsecretaría del Interior, tampoco efectuó una verificación adicional de la información que remite en cada expediente ese Instituto”.