Días atrás, alcalde de Arica, Gerardo Espíndola, catalogó de «inquietante» el aumento de migrantes venezolanos provenientes de Ecuador.
De las personas expulsadas, dos de ellas tenían condena por el delito de incendio, otras tres por robo con intimidación, una por robo con violencia, una por receptación, dos por violar la Ley 20.000 y seis por ingresar al país por pasos no habilitados.
Según explicó el director nacional del Servicio Nacional de Migraciones, Luis Thayer Correa, no fue una negativa del gobierno venezolano, sino la demora en entrega de autorización por parte del Instituto de Aeronáutica Civil de Venezuela”.
En la oportunidad, el ejecutivo anunció un proyecto de ley que aumenta las causales de prohibición de ingreso y de expulsiones.
El sujeto expulsado ingresó por primera vez a Chile en marzo de 2022 y junto a la agresión a carabineros, tenía una investigación pendiente por tráfico de drogas.
De un total de 78 personas controladas, 38 fueron denunciadas al Servicio Nacional de Migraciones, por registrar ingreso irregular a territorio nacional y ejercer labores remuneradas sin los permisos correspondientes.
De volver a ingresar estas personas al país, deberán cumplir la pena efectiva de 5 años de cárcel.
La autoridad indicó que el proceso de doble notificación sería una de las grandes falencias del proceso.
Según estimaciones al 31 de diciembre de 2021, la mayoría de las y los migrantes internacionales que viven en el país proviene de Venezuela, Perú, Haití, Colombia y Bolivia.
Del total de extranjeros expulsados, 457 son de nacionalidad boliviana.
Esto luego de la demora en entregar respuesta por parte del Servicio de Migraciones a la solicitud de visa temporal por parte de una ciudadana cubana, lo que derivó en la suspensión de Thayer.
Según lo indicado por los parlamentarios RN, este decreto “facilitaría el turismo laboral”.
Se trata de 13 hombres y 12 mujeres entre 19 y 51 años quienes estaban recluidos en distintos recintos carcelarios de la Región de Tarapacá.
La base de datos de Migraciones contiene antecedentes penales, cambios de residencia, además de solicitudes y consultas que el Estado ha realizado a los migrantes. Toda esta información se borró del sistema y no ha podido ser recuperada.