El Senado respaldó la solicitud del ejecutivo de renovar la presencia de militares en la macrozona norte por 90 días más, esto con el fin de ejecutar labores de control migratorio y en la detección de crímenes, simples delitos y faltas en determinadas áreas de zonas fronterizas de las regiones de Arica y Parinacota, de Tarapacá y de Antofagasta.

Durante el debate se dieron a conocer las cifras de ingresos irregulares, contraponiendo los diversos criterios para contabilizarlos y se relevó la necesidad de complementar las medidas para el combate del crimen organizado y transnacional, “de modo que los resultados sean eficientes”.

Algunos legisladores mencionaron que “no se puede pedir a las Fuerzas Armadas lo imposible” e instaron al gobierno a “hacer uso de todas sus capacidades y facultades” para controlar y prevenir el ingreso de personas cuyos antecedentes no puedan ser chequeados o que directamente hayan cometido delitos.

Asimismo, senadores y senadoras consultaron a las autoridades respecto de las medidas que adoptará Chile en atención a la decisión del gobierno de Perú de expulsar a inmigrantes que hayan cometido delitos, pues eso redundará en una mayor presión en nuestras fronteras. Por otro lado, hubo legisladores que valoraron la implementación de recursos tecnológicos para las policías y puestos de vigilancia de las Fuerzas Armadas, así como los avances en la disminución de los hechos violentos, pero instaron a que exista una mayor coordinación entre organismos del Estado.

Cabe señalar que esta es la tercera renovación que se realiza del decreto supremo de infraestructura crítica, que fue aprobado inicialmente por la Cámara de Diputados a fines de enero de este año y publicado de manera oficial el 24 de febrero.