El Minvu informó que el Plan lleva más de 23 mil viviendas entregadas y metas superadas en Quillota y Petorca.
Los habitantes deberán acercarse al municipio para ser catastrados y acceder a posibles soluciones habitacionales.
La compañía acusó que el protocolo firmado en febrero fue “letra muerta” y exigió restituir su derecho a la propiedad.
Mientras la inmobiliaria insiste en la vía judicial, el ministerio busca mantener abierto el diálogo para evitar un desalojo masivo.
La compañía anunció acciones legales para desalojar a más de 10 mil habitantes, mientras el Gobierno insiste en diferencias de tasación.
El Minvu aclaró que las declaraciones fueron sacadas de contexto y llamó a la responsabilidad política.
El plazo se amplió hasta el 3 de septiembre; si no hay acuerdo, más de 4.100 familias arriesgan desalojo.
El nudo principal es el financiamiento de las cooperativas que buscan comprar los terrenos a través de créditos.
Mientras la Corte autorizó usar fuerza pública, el Serviu sostiene que la familia Correa debe hacerse cargo del desalojo.
El diputado Andrés Celis confirmó la gravedad de las amenazas y solicitó medidas especiales de resguardo.
El ministro Carlos Montes instruyó una indagatoria para esclarecer por qué no se acogieron las viviendas ofrecidas por la Cámara Chilena de la Construcción.
La Cámara Chilena de la Construcción afirmó ante la Comisión Investigadora que entregó un catastro con viviendas disponibles tras la emergencia, sin recibir respuesta formal del Ministerio de Vivienda.
Desde febrero no hay trabajadores en el sector y el lugar donde se instalaría un Cecosf hoy es un microbasural.
El ministro de Vivienda confirmó que los ocupantes del terreno deberán acceder a un mecanismo de pago con garantías.