La Cámara de Diputados aprobó en general el proyecto Aula Segura por medio de 110 votos a favor, 26 en contra y 13 abstenciones, por lo que la iniciativa del Gobierno quedó lista para ser despachada y convertirse en nueva Ley de la República.

Esta situación se gestó por medio de un acuerdo entre las fuerzas políticas del país, tal como lo destacó la ministra de Educación, Marcela Cubillos, quien señaló que «el acuerdo alcanzado con la gran mayoría de las coaliciones políticas reafirma que la mayoría quiere que en las escuelas se cuide y respete a los profesores, a los directores y a los estudiantes».

Cabe señalar que este proyecto de ley facilita el trámite para que los directores de establecimientos educacionales del país puedan expulsar o cancelar la matrícula a estudiantes que cometan actos graves de violencia.

Esta iniciativa del Gobierno sufrió una serie de cambios, pero mantuvo la facultad de los directores de establecimientos a expulsar a quienes incurran en conductas violentas. No obstante, el jueves pasado, tras recibir el proyecto desde el Senado, la Comisión de Educación de la Cámara aprobó en particular el proyecto, sin modificaciones respecto del texto despachado por los legisladores de la Cámara Alta.

Proyecto aprobado

La iniciativa del Ejecutivo, presentada a través del informe de la Comisión de Educación, que rindió el diputado Luis Pardo (RN), busca fortalecer las facultades de los directores de establecimientos educacionales en materia de expulsión y cancelación de matrícula en determinados casos de violencia.

Al mismo tiempo, pretende salvaguardar el debido proceso para el estudiante en caso de ser expulsado, previo a lo cual el director del establecimiento deberá iniciar procesos sancionatorios que acrediten el registro de conductas graves o gravísimas, según los reglamentos internos.

De acuerdo a lo establecido en los fundamentos del texto, estas conductas pueden ir desde las agresiones o abusos entre miembros de la comunidad escolar hasta hechos de violencia extrema, como el porte de armas o la tenencia y uso de bombas molotov.

El director también tendrá la facultad de suspender, como medida cautelar, mientras dure este proceso sancionatorio, que puede derivar en la citada expulsión o bien la cancelación de la matrícula, para lo cual debe cumplirse un periodo de 10 días de investigación, fijándose además cinco días posteriores para la apelación del estudiante sancionado.

Además, se incluye un programa de acompañamiento con recursos que deberá patrocinar el Ejecutivo, tanto para los jóvenes como para los establecimientos que enfrenten estas situaciones.

Por último, se establece que los establecimientos educacionales regidos por las normas sobre subvención del Estado a establecimientos educacionales, deben actualizar sus reglamentos internos para adecuarlos a los preceptos de esta ley en un plazo de noventa días, a partir de su publicación.