El pronunciamiento de la Corte Suprema en relación a una norma votada en la Convención, causó molestia al interior del organismo.

Ángela Vivanco, ministra vocera de la Corte Suprema, se refirió a la norma que busca limitar a ocho años la duración de todos los cargos de jueces en el país”.

Al respecto, Vivanco indicó que “la afectación de la independencia y de la inamovilidad judicial, no es un tema de privilegios judiciales. Es un tema que resalta la protección de los derechos de las personas que concurren a los tribunales”.

Respondiendo estos dichos, un grupo de convencionales que promueven la norma, criticaron el hecho.

Manuela Royo (Ind) destacó que “consideramos una intromisión indebida por parte de la Corte Suprema y consideramos que es preocupante esta intromisión respecto a la independencia y a la autonomía de la Convención Constitucional”.

En tanto, Mauricio Daza (Ind) argumentó que “lo que ha ocurrido es uno de los peores ataques a la autonomía que ha recibido la Convención Constitucional desde su instalación”.

“Si esa idea va a prosperar o no, dependerá del debate que se de al interior de la Convención, pero este tipo de actitudes, más allá de un tono falsamente afable, es lo que es. Y es un acto de presión y eso es inaceptable”, añadió.

Por su parte, Fernando Atria (FA) explicó que “con total independencia de la posición que uno tenga respecto de esa discusión, esta declaración de la Corte Suprema es una manifiesta infracción de sus deberes legales”.

“Los tribunales tienen prohibido mezclarse en las atribuciones de otros poderes públicos. Esta Corte Suprema ha tenido bien pronunciarse sobre juicio que le merece el gabinete designado por el Presidente electo y ahora tiene a bien pronunciarse sobre una idea que está discutiéndose en la Convención”, concluyó.