Primera Sala del máximo tribunal rechazó los recursos de casación deducidos en contra de la sentencia que no dio lugar a las demandas por infracción a la ley de protección de los derechos de los consumidores, deducidas en contra de la empresa papelera SCA Chile, en el marco del caso conocido como “Colusión del papel tissue”.
Específicamente, los artículos que deben ser bajados corresponden a la Tercera y la Cuarta, donde se entregaban detalles del caso de Eduardo Macaya Zentillo, declarado culpable por dos casos de abuso sexual a menores.
Asimismo, se indicó que se aceptaron cinco solicitudes de prórroga, cuatro de ellas de isapres abiertas.
Esta decisión surgió tras la apelación presentada por el defensor público Carlos Miranda Rodríguez, en respuesta al rechazo del recurso de amparo que interpuso previamente ante la Corte de Apelaciones de Arica.
La Cámara de Diputados decidirá mañana sobre la solicitud de remoción.
Álvarez quedó con arraigo nacional y prohibición de acercarse a las víctimas, mientras se resuelve el caso.
De forma unánime fue aprobado el recurso de protección presentado por la Dirección Regional de Gendarmería a favor del líder de la CAM, para asegurar su integridad física, psíquica y el derecho fundamental a la vida.
“Todos los gobiernos, sin excepción, también los gobiernos de derecha, hemos avanzado en ir expandiendo el campo de competencia de la justicia civil y dejando la justicia militar a casos muy acotados, donde hay características muy particulares”, expresó la ministra.
Además, la Corte resolvió que la ministra en visita de la Corte Marcial, Jenny Book Reyes, no es competente para seguir indagando los hechos.
La Comisión de Ética estará conformada en esta oportunidad por el presidente Ricardo Blanco y las ministras Gloria Ana Chevesich y Adelita Ravanales.
La Corte Suprema deberá revisar el recurso que busca anular la sentencia que lo condenó a 23 años de cárcel.
En fallo unánime, la Segunda Sala del máximo tribunal acogió parcialmente el recurso de nulidad impetrado por la defensa.
El máximo tribunal manifestó “adoptado medidas en aras de la objetividad y transparencia en los concursos para jueces y ministros”.
Los habitantes del campamento tendrán un plazo de seis meses para concretar el desalojo.