Dineros previsionales pendientes a ex jugadores y ex funcionarios del club, desde 1998 a la fecha, tienen la continuidad económica del Decano en franco riesgo, a la espera del dictamen de la justicia programado para marzo o abril de este año

Wanderers estaba al día en sus pagos previsionales hasta 1998, según sus abogados. Una fiscalización al sistema de primas de contratos de jugadores, cambió radicalmente el escenario financiero caturro.

Todo partió en 1998. Una simple fiscalización de la dirección del trabajo, determinó que las primas de contrato de los jugadores de aquel entonces en el plantel de Wanderers –entre los que se encontraban Claudio Borghi, Aníbal “Tunga” González y un emergente David Pizarro entre otros- eran platas imponibles. Obviamente, esos dineros nunca fueron pasados por la ley previsional vigente. Años más tarde, un reducido grupo de funcionarios de Wanderers –entre los que se cuentan administrativos y el ex paramédico del plantel profesional Juan Pérez- reclamó en el 2007 que sus imposiciones no fueron pagadas.

La deuda inicial fue de $ 110 millones. El problema está en que la entrada en vigencia del Decreto Ley 3500, pone al club porteño en serios aprietos económicos, con la aplicación de intereses penales a esas dos instancias de deuda, la que al día de hoy bordearía los $ 1.500 millones de pasivo. La semana pasada, de manera inédita, sesionó en Valparaíso el Tribunal Constitucional, donde las partes en litigio –las AFP’s Provida y Santa María y la Corporación Deportiva Santiago Wanderers, comparecieron para hacer sus ponencias. “Nosotros no desconocemos la deuda en su monto original y estamos dispuestos a pagarla. Pero francamente, no nos parece la aplicación de estos intereses desproporcionados”, ha señalado en más de alguna oportunidad el presidente de la concesionaria de administra hoy a Wanderers, Jorge Lafrentz.

LOS ALEGATOS CATURROS

El abogado Rafael González afirma que Wanderers está dispuesto a pagar el monto original de la deuda previsional, y no lo que pretenden las AFP’s Provida y Santa María.

El abogado Rafael González Camus, defensor de los intereses de la Corporación Deportiva Santiago Wanderers, explica los fundamentos caturros para la inaplicabilidad de esta millonaria deuda. “El fundamento de Wanderers fue declarar la inconstitucionalidad de la aplicación de intereses penales, no de intereses corrientes a esta deuda previsional. Wanderers siempre ha manifestado su intención de proceder con el pago de esta deuda previsional, que existe porque es una deuda que no se canceló en su oportunidad, debidamente reajustada, aplicando un interés normal. La aplicación de estos intereses penales que regula el Decreto Ley 3500 en su artículo 19, establece que esos intereses corrientes debieran ser aumentados en un 50%, lo que es capitalizado todos los días, de tal manera que hace aumentar explosivamente y desproporcionadamente la deuda. Por eso que en algunos juicios, que originalmente eran de $ 30 millones en un caso, y en otros, de $ 76 millones, han aumentado a $ 600 millones y $ 800 millones, respectivamente. Y ese tema, el de los intereses penales, es el que estamos recusando por parte de Wanderers”, sostiene el profesional.

EL PRIMER PASO A LA QUIEBRA

Su colega Eugenio Evans, representando a la Concesionaria La Joya del Pacífico –administradora de Wanderers por los próximos 26 años- señala que la aplicación del Decreto ley 3500 “produce un aumento explosivo, descomunal y desproporcionado de la deuda previsional original”, generando varios problemas en la gestión económica del Decano. “Si el tribunal falla en contra del club, será la primera piedra para decretar la quiebra de la institución”, añade Evans con preocupación.

Rafael González coincide con este catastrófico pronóstico. “La situación de quiebra es algo extremo y que se podría producir en el evento que el club sea obligado a pagar esta deuda y no tenga los medios económicos para cubrir el monto que se exige. Es difícil conseguir de un día para otro un monto tan alto. La quiebra es una opción, pero extrema”, sostiene el profesional.

PAGAR LO JUSTO

El abogado González Camus agrega que en todo momento, la voluntad de Wanderers ha sido pagar esa deuda previsional en su monto original, incluso llegando a los 250 ó 300 millones de pesos a cancelar por este concepto. “Efectivamente, porque la deuda existe, porque están en juego también los intereses de los ex trabajadores que mantienen sus dineros en las cuentas de capitalización individual, pero tampoco podemos llegar y pagar sumas  desproporcionadas, porque resultan impagables e incobrables por parte de las propias AFP’s. Si en estos momentos cualquiera de estas dos AFP’s haciendo uso de su único medio de apercibimiento que es el embargo, ¿qué podrían embargar? No les alcanza para cubrir la totalidad de la deuda. Por eso es necesario que un tribunal de justicia se pronuncie y determine una deuda que sea pagable, para no poner en riesgo ni a los trabajadores ni al club”, afirma el abogado.

Uno de los mecanismos para absorber el monto de la deuda solicitada por las administradoras Provida y Santa María, sería que Wanderers venda a uno o dos de sus jugadores del actual plantel profesional en US$ 3 millones, situación que no se ve del todo factible por estos días.

POR QUÉ AHORA

El abogado Eugenio Evans concuerda con su colega Rafael González, en cuanto a que el Decreto Ley 3500 produce un aumento explosivo, descomunal y desproporcionado de la deuda previsional original.

Otro de los argumentos presentados por Wanderers para evitar el pago de estos millonarios intereses es el la pasividad de la oficina de cobranzas de las AFP’s, las que se mantuvieron silentes por largo tiempo antes de exigir estos pagos. “Estos juicios estuvieron archivados por mucho tiempo y solo se reactivaron hace pocos meses. Y cuando se reactivaron, pedimos, por la pasividad del acreedor -en este caso la oficina de cobranza-, el abandono de la misma. Pero como son juicios previsionales no se podía proceder con este abandono. Las AFP’s dejaron también pasar deliberadamente el tiempo para incrementar los intereses penales, y por eso es que ha aumentado desproporcionadamente el monto de la deuda”, subraya González.

Respecto de la factibilidad de evitar el pago de estos millonarios intereses y si, el monto original de la deuda, ambos abogados son cautos al respecto. La solución definitiva pasa por el pronunciamiento del Tribunal Constitucional, y que diga si es o no constitucional la aplicación específica de la norma que establece un aumento del 50% de los intereses corrientes que se tienen que aplicar a cualquier deuda. Hay un plazo entre 30 a 60 días -marzo o los primeros días de abril de este año-, para un pronunciamiento definitorio del Tribunal.

Por ahora, a los wanderinos les queda sólo rogar para que el fantasma de la quiebra no se aparezca por Valparaíso.