En la audiencia de formalización , que contó con un traductor, la magistrada Lisbeth Cartes López ordenó el ingreso en prisión preventiva de los ciudadanos chinos, por considerar que la libertad de los imputados constituye un peligro para la seguridad de la sociedad y para el éxito de la investigación. Además, fijó en cinco meses el plazo de investigación.
Vecinos y vecinas relataron maltratos y asesinatos, principalmente de perros vagos encontrados en la vía pública y sitios eriazos, especialmente en el sector de Larapinto y la toma apodada “Lamparaíso”.
El crimen ocurrió en enero de 2022.
El Ministerio Público entregó un plazo de 4 meses para la respectiva investigación.
Se decretó un plazo de investigación de 180 días.
Se estableció un plazo de 180 días para la investigación.
El magistrado no acogió la solicitud de la defensa de Hernández, de ser trasladada desde el módulo de custodia directa en el Centro Penitenciario Femenino de Santiago, al módulo conocido como “católico”, argumentando motivos de salud, seguridad y académicos.
Previamente, Gendarmería rechazó la petición argumentando que el traslado de Hernández requería una seguridad diferente, considerando además que el cambio de módulo puede significar un riesgo para la condenada así como para las demás internas.
El tribunal estimó que no era factible vincular al hombre con el crimen, debido a la falta de testigos.
La defensa del ex jefe comunal quería que se decretara arresto domiciliario total.
La medida cautelar fue solicitada por la fiscalía, sin oposición de la defensa.
El defensor regional, Osvaldo Pizarro no descartó la posibilidad de impugnar la decisión y recurrir a la Corte de Apelaciones de Concepción.
Berríos fue apartado de sus funciones como sacerdote en mayo de 2022.
Tres de los cinco imputados son funcionarios de Aduanas, quienes habrían recibido sobornos a cambio de permitir la evasión de impuestos.