Acusando falta de liquidez, la fundación Urbanismo Social solicitó la apertura de un proceso de quiebra.

La empresa se encuentra siendo investigada por el Ministerio Público por el Caso Convenios, por haber recibido recursos públicos de parte de distintas instituciones del Estado, vía trato directo.

Camila Ramírez, representante legal de Urbanismo Social tras solicitar quiebra ante la justicia, argumentó que la fundación “tiene deudas cuantiosas, que superan con creces su muy escaso patrimonio”.

“Por la nula capacidad económica de la fundación, se hace insostenible su situación actual, por lo que se ve en la obligación de presentar su liquidación voluntaria”, indica el texto oficial.

“Como es de público y notorio conocimiento, durante el mes de junio de 2023 se da a conocer el denominado Caso Convenios, que produjo un cambio sustancial en la manera en que hasta la fecha se ejecutaban las colaboraciones público-privadas en el sector vivienda y, fundamentalmente, un cambio en la forma en que el sector público continuó desarrollando las tareas que le corresponden en la materia”, cerró el comunicado oficial.

La Fundación Urbanismo Social es investigada por haber recibido recursos públicos de parte de distintas instituciones del Estado.