Ángel Valencia, candidato nominado por el Presidente Gabriel Boric para el cargo de Fiscal Nacional, negó mantener una orden de arresto por no pago de pensión alimenticia.

Esto tras la publicación del reportaje del Mostrador titulado De ‘papito corazón’ a candidato a Fiscal Nacional”, de el diario electrónico El Mostrador, en el que aseguran que Valencia se enfrentó ante la Justicia con su exesposa por el no pago de alimentos a sus tres hijos.

El reportaje señala que presuntamente, todo ocurrió en el año 2007, cuando Valencia mantuvo un enfrentamiento difícil con su expareja en el Segundo Juzgado de Familia en Santiago, donde según el citado medio el Tribunal decretó la medida de arraigo nacional y orden de arresto contra Valencia.

Según El Mostrador, la orden de arresto habría sido solicitada por la expareja, ya que Valencia adeudaba una suma de $4.261.607.

Tras darse a conocer el reportaje, el candidato a Fiscal Nacional difundió un comunicado en el que asegura que contra su persona “nunca pesó una orden de arresto ni arraigo por no pago de pensión de alimentos”.

Además, en el documento se remarca que desde el año 2001, en que se fijó la pensión de alimentos, Valencia “nunca dejó de pagarla, haciéndose cargo paralelamente de otros gastos, como el pago de previsión de salud (Isapre) de todos ellos”.

El comunicado aclara que “el hecho al que se refiere la nota se produjo el año 2006 por la no actualización de la pensión en virtud del parámetro utilizado (ingresos mínimos mensuales), lo que generó una diferencia que el señor Valencia liquidó mediante aportes adicionales hechos durante todos esos años y, luego, a través de una propuesta de pago que no fue contestada por la abogada demandante”.

Además, subraya que “el tribunal accedió a una petición de la abogada demandante en orden a dictar arraigo y detención nocturna en su contra, algo que inmediatamente fue corregido por la Corte de Apelaciones de Santiago gracias a un amparo presentado por su abogado. La orden referida nunca fue despachada”.

Finalmente, en el documento recalcan que Valencia se reserva “el derecho de ejercer las acciones legales que estime pertinente”, sin que se descarte una posible querella contra El Mostrador.