Este jueves, en medio del debate de la Ley de Presupuesto 2023, los diputados de la UDI Flor Weisse y Henry Leal, lograron aprobar la iniciativa que propone un un fondo para el pago de pensiones de gracia a las víctimas de los atentados en la Macrozona Sur, que comprende la Provincia de Arauco en el Biobío y las regiones de La Araucanía, Los Ríos y Los Lagos.

En este sentido, los parlamentarios calificaron que la medida es un “acto de justicia” con las víctimas, explicando que los recursos para dicha iniciativa estarán contemplados dentro de la partida del Tesoro Público, tal como ya existe un fondo para otorgar pensiones de gracia a las víctimas del Estallido Social.

“Era de toda justicia que, habiendo un fondo para las supuestas víctimas del estallido social, exista uno también para quienes realmente han sufrido la consecuencia de los actos terroristas en la zona, quienes han perdido sus terrenos y propiedades, han sido desplazados de sus lugares de residencia e, incluso, le han asesinado a algún familiar”, indicaron.

En esta misma línea, los representantes de la zona afectada agregaron que “Decidimos presentar esta indicación porque no podemos seguir dilatando una respuesta por parte del Estado a las miles de víctimas de la violencia rural. En la Macrozona Sur hay personas que le han quemado sus hogares, sus propiedades o han visto gravemente amenazada su integridad física”

Finalmente, los diputados gremialistas emplazaron al Ejecutivo a respaldar la entrega de reparaciones para los casos antes mencionados, afirmando que “el Gobierno tiene en sus manos una tremenda oportunidad de demostrar su real compromiso con las víctimas del terrorismo”.

“Si quieren parecer creíbles y demostrar con hechos que los anuncios que realizó el presidente Boric en su visita a La Araucanía sí se van a concretar, aquí tienen una oportunidad. Esta indicación se presentó en los mismos términos que la que entrega pensiones de gracia a las supuestas víctimas del estallido. La diferencia es que en la Macrozona Sur sí existe certeza de que hay afectados reales del terrorismo, mientras que en el otro caso no hay ningún antecedente que demuestre que los beneficiarios no participaron en actos violentos o desórdenes públicos”, cuestionaron.