Tras una nueva jornada de discusión en el Pleno de la Convención Constitucional, se despacharon nuevos artículos que surgieron del último informe que emanó de la comisión de Principios Constitucionales.

Varias de ellas están enfocadas en el fortalecimiento de la participación ciudadana a través de mecanismos de democracia directa, como las normas que establecen dos cuestiones relacionadas con la discusión legislativa: la Iniciativa Popular de Ley y la Iniciativa Popular de Derogación de Ley.

Respecto a la primera norma, que fue aprobada con 130 votos, se establece en su primer inciso que “un grupo de ciudadanos habilitados para sufragar, equivalente al tres por ciento del último padrón electoral, podrá presentar una iniciativa popular de ley para su tramitación legislativa”.

Así lo explicó la convencional María José Oyarzún (D7), quien detalló que “la verdad es que estamos contentos y contentas por la aprobación de esta iniciativa, que dice que cualquier ciudadano, junto con otro, al reunir el 3% del padrón electoral, puede promover una ley dentro del Congreso. Eso pasa a un trámite legislativo y los parlamentarios tienen que manifestarse sobre esa ley. Muy similar a lo que se hizo en la Convención Constitucional en donde iniciativas populares de norma llegaron al pleno, se discutieron y algunas se aprobaron”.

Aplaudió que “esta es una herramienta de democracia directa que permite que cualquiera de nosotras tenga la oportunidad de proponer una ley”.

Sobre la segunda norma, que establece en su primer inciso que “un grupo de ciudadanos habilitados para sufragar, equivalente al cinco por ciento del último padrón electoral, podrá presentar una iniciativa de derogación total o parcial de una o más leyes promulgadas bajo la vigencia de esta Constitución para que sea votada mediante referéndum nacional”.

Oyarzún destacó en especial uno de los casos relevantes para la región de Valparaíso: “Aquí tenemos un caso emblemático. Uno de los ejemplos es la famosa Ley de Pesca, muy perjudicial y en la que estamos hace casi 10 años intentando que deje de practicarse. Con las iniciativas populares de derogación de ley, las personas que alcancen el 5% del padrón electoral podrán revocarlas posterior a un año de vigencia de esta ley”, expuso.

Esta norma propone además que “no serán admisibles las propuestas sobre materias que digan relación con tributos y la administración presupuestaria del Estado”.