Tras la denuncia presentada por la mesa directiva de la Convención Constitucional en contra de Rodrigo Rojas Vade -quien reconoció que no padece de cáncer- por eventuales delitos relacionados a su declaración de patrimonio, El Ministerio Público designó al fiscal jefe del Centro de Justicia, Patricio Cooper, para investigar el caso.

La acción judicial advirtió que Rojas Vade declaró una deuda bancaria relacionada al supuesto tratamiento contra el cáncer.

En este marco, la directiva del organismo aseguró que la declaración no “sería fidedigna”. Y añadió que la denuncia fue presentada “en mérito de los hechos anteriormente descritos, a fin de que se inicie una investigación respectiva y se determine la eventual existencia de responsabilidad penal en conformidad con el artículo 11 inciso final de la ley 20.880”. 

Por su parte, la Contraloría General de la República informó que no tiene atribuciones para fiscalizar a la Convención Constitucional.

“Hemos puesto a disposición la plataforma de DIP (Declaración de Intereses y Patrimonio) a la Convención, sin embargo la ley no nos otorga las atribuciones para fiscalizar. Queremos recalcar que la Convención es una entidad autónoma y debe resolver cómo regula todos sus aspectos, incluyendo la ley de probidad”, señaló la entidad.