El Gobierno anunció que ingresará una indicación sustitutiva para la denominada «Ley Uber», la que establece sanciones y nuevas exigencias, tanto para usuarios como para conductores.

El principal objetivo de la modificación a la iniciativa presentada por el Gobierno de la entonces presidenta Michelle Bachelet, en 2016, es generar igualdad y mayor competencia.

La indicación señala que los conductores de Uber tendrán que contar con licencia profesional A1 y que no podrán registrar antecedentes penales como manejo en estado de ebriedad, delitos sexuales y/o tráfico de drogas.

De igual forma, las modificaciones establecen que aplicaciones como Uber, Cabify y Easy Taxy tendrán que constituirse como empresas de transporte de pasajeros, por lo que deberán iniciar actividades y pagar impuestos.

En cuanto a las sanciones por no cumplir con la nueva reglamentación, las multas irán desde las 10 a las 100 UTM ($477 mil a $4,7 millones); mientras que por acumular infracciones, el Ministerio de Transportes podrá cancelar el registro de la aplicación.

Finalmente, se explicó que los pasajeros también podrían sufrir sanciones, por ejemplo, en el caso de entorpecer las fiscalizaciones que se realicen. De igual forma, estas inspecciones se mantendrán para comprobar que los vehículos cumplen con todas las exigencias.