Este miércoles, en el Juzgado de Garantía de Valparaíso, se extendió por más de dos horas la audiencia de formalización de los cinco imputados por la publicación de conversaciones privadas del diputado Guillermo Ceroni (PPD), captadas desde su celular al interior de la Sala de la Cámara en noviembre de 2015. Durante la audiencia, el Tribunal rechazó la solicitud de sobreseimiento de la causa presentada por la defensa de Pablo Ovalle, Mario Dávila y Rodrigo Sáenz, pertenecientes a Agencia Uno; y de Marcelo Ibáñez y Raúl Thiers del sitio web El Dínamo. Sin embargo , quedaron sin medidas cautelares. Asimismo, se estableció un plazo de 180 días para la investigación, desestimando la pretensión de la defensa, que solicitó que fueran sólo 90 días.

Al respecto, el fiscal adjunto jefe de Valparaíso, Cristian Andrade, señaló que » se rechazo el sobreseimiento definitivo que plante la defensa. Se acreditaron los presupuestos materiales que hace relación con la existencia del delito y  la participación que le atribuimos a los imputados en etapa procesal. Por su parte, no se aplicaron medidas cautelares a los imputados, en cuanto a esto el fiscal dijo que «tienen que ver con la dispocisión de los imputados que han sido personas que efectivamente se han presentado a lo largo del procedimiento».

«Es un delito copulativo, acá existe un seguimiento de tres días distintos donde se captan mensajes con un contenido privado que pertenecen al ámbito sexual. A nuestro juicio eso configura el delito por el cual han sido formalizados los imputados», agregó Andrade.

A ello, el diputado Guillermo Ceroni agregó que «acá hubo una invasión a la privacidad de parte de un fotógrafo y los medios que publicaron estas conversaciones, ya que si bien existen diversas formas de cuestionar nuestro trabajo legislativo, nadie tiene el derecho a invadir la intimidad de las personas. Además, me parece muy curioso que se me haya hecho un seguimiento de tres días, especialmente cuando yo he manifestado mi interés de iniciar una candidatura senatorial por la Región del Maule».

Por otra parte, la defensa apelará a la resolución que no dio lugar al sobreseimiento definitivo, por lo que el abogado de la Agencia Uno, Jaime Silva señaló que «pretender  que lo que el diputado haga en sus pocas horas cumpliendo funciones como parlamentario, a través de un celular que se le entrega para sus funciones públicas, es algo de carácter privado y no de carácter público, nos parece sin sentido».  También señaló que «lo que la norma sanciona son conductas en lugares que no son de acceso al público. Las funciones de un diputado mientras esté en la cámara de diputados están sujetas a fiscalización».