El senador Francisco Chahuán calificó como un “adelanto” el hecho de que la Corte Suprema acogiera la solicitud de un particular de eliminar de los motores de búsqueda en internet información referida a hechos ocurridos hace más de 10 años y manifestó la necesidad de agilizar la tramitación del proyecto de ley que establece el derecho al olvido “porque el nuevo escenario genera una serie situaciones que requieren de soluciones legislativas”.

El parlamentario dijo que la Tercera Sala del máximo tribunal emitió un fallo en el que se ordena la eliminación, en las páginas de resultados de los buscadores de Internet, de un enlace a una noticia cuya información se refiere a hechos ocurridos hace más de 10 años, considerando que ésta afecta “su derecho a la honra y una adecuada reinserción social después de cumplida la pena del delito”.

Chahuán afirmó que el mismo fallo reconoce que en nuestro ordenamiento jurídico nacional no existe una solución legislativa expresa sobre este tema y en ese contexto expresó la necesidad de apurar la discusión del proyecto, presentado en junio de 2014, que modifica el artículo 13 de la ley N° 19.628, sobre protección de la vida privada, para establecer el «derecho al olvido» de los datos personales almacenados en motores de búsqueda y sitios web.  En su artículo único, la moción sostiene que «toda persona tiene derecho a exigir de los motores de búsqueda o sitios web la eliminación de sus datos personales. La falta de pronunciamiento sobre la solicitud del requirente o denegación de la misma por parte del responsable de dichos motores de búsqueda o sitios web, le dará derecho al titular a ejercer el recurso contemplado en el artículo 16».

El senador dijo que “es un adelanto que, ante la ausencia de legislación, la Corte se pronuncie sobre este tema mediante un fallo, pues se trata de un asunto ampliamente abordado en Europa y países latinoamericanos como México y Argentina y es necesario regular que las personas tengan la posibilidad de pedir, una vez transcurrido un período de tiempo -o bien cuando se establezcan informaciones falsas o poco fidedignas- que los servidores y motores de búsqueda eliminen dicha información.”

El parlamentario aclaró que lo anterior no se aplicaría para quienes ejercen determinados cargos públicos, “pero sí para el ciudadano que se puede ver en dificultades una vez que se difunde información falsa o datos personales que no quiere.”