Durante esta mañana, el gobierno firmó el proyecto de ley corta que será complementaria a la Ley General de Educación (LGE), la que tiene como objetivo regular las sanciones a universidades, institutos profesionales y centros de formación técnica que no tengan cómo asegurar la continuidad de los estudios de sus alumnos. 

Así es como se anunció la creación de un nuevo cargo que fiscalice esta situación: la del interventor.

Esta modificación, según explicó la presidenta Michelle Bachelet, le da la posibilidad al Ministerio de Educación y al Consejo Nacional de Educación de cancelar la personalidad jurídica al establecimiento y posteriormente revocar el reconocimiento oficial.

“Este proyecto dice que, si una institución llegara a cerrar por cualquier motivo, sus estudiantes no quedarán desprotegidos ni en lo académico ni en lo financiero. Con esto, buscamos proteger el derecho de los y las estudiantes que viven el cierre de sus establecimientos de educación superior”, explicó la jefa de Estado.

Al respecto, también se refirió el ministro de Educación, Nicolás Eyzaguirre, quien dijo que «recuperaremos las universidades y les daremos garantías a los estudiantes que incurrieron a estas universidades, para que puedan terminar sus estudios. Pido paciencia y confianza porque ya en los primero 100 días vamos a ver incluidos éste y otros temas».