Un grupo de alcaldes de la Asociación de Municipalidades de Chile, encabezados por el Presidente de la entidad, el alcalde de Zapallar, Gustavo Alessandri, llegaron esta mañana hasta La Moneda junto a parlamentarios y asociaciones de funcionarios de la educación municipal para entregar una carta al Presidente Boric. 

En el texto solicitan al Mandatario frenar el proceso de implementación de los Servicios Locales de Educación Pública (SLEP) ya que para los firmantes de la carta, lo ocurrido en Atacama -donde se cumplieron dos meses sin clases- y otras regiones, ha agudizado la profunda crisis que atraviesa la educación pública en el país.

Además, le piden al Ejecutivo que realice auditorías a los SLEP que se han implementado, y en paralelo estudian presentar recursos de protección para que se paralice el traspaso al actual sistema, ante los diversos problemas que se han presentado en varias regiones del país.

Al respecto, el alcalde Gustavo Alessandri, Presidente de la AMUCH, señaló que “resulta fundamental realizar una auditoría a los SLEP, porque nos consta que a nivel nacional ninguno de ellos ha funcionado de manera adecuada, por lo que le estamos pidiendo al Presidente Boric mediante esta carta, que ingrese un proyecto de ley para paralizar el traspaso de la educación desde los municipios a los SLEP que se comenzarán a implementar a partir del 1 de enero. La idea es poder evaluar las medidas y acciones para mejorar el sistema, o en caso contrario, reconocer que esta reforma no resultó, porque se hizo con absoluto desconocimiento de la realidad territorial que tiene el país”.

El alcalde agregó que es imposible seguir centralizando los servicios de educación pública y también el sistema de admisión escolar, que es muy injusto y lo único que provoca es decepción de los estudiantes y sus familias a corto, mediano y a largo plazo. Por eso es importante frenar este proceso y que por el momento no se concreten los traspasos. Hay que asumir la realidad actual, que implica también transformar el sistema de subvención escolar, ya que su entrega no puede ser por asistencia, sino que por matrícula.

En tanto, Jorge Alessandri, diputado UDI puntualizó que “lo único que ha hecho la reforma de la izquierda en la educación es aumentar la brecha, lo único que ha hecho es que un alumno de una escuela pública no sepa leer hasta cuarto o quinto básico, lo único que ha hecho es que en la carrera de la vida, el colegio particular vaya 100 kilómetros más adelante. ¿Ese es el legado del presidente Boric? ¿Ese es el legado del señor Cataldo, del señor Crispi y de Javiera Martínez? Esperamos que no, Presidente. Use el poder de la presidencia, habite el cargo, como usted dice, y tome una solución esta semana. Los niños no pueden esperar”.

Por su parte, el diputado UDI e integrante de la Comisión de Educación de la Cámara de Diputados, Eduardo Cornejo, sostuvo que “tenemos un desastre total con la instalación de los 11 servicios locales de educación pública a lo largo de nuestro país. Desde el año pasado que le hemos insistido al Gobierno y el ministerio de Educación lo urgente que es suspender la instalación de los SLEP a nivel nacional. El Ejecutivo tiene dos caminos: el primero de ellos es la suspensión total y absoluta de los nuevos SLEP, y en segundo lugar debe retirar con urgencia la ley miscelánea que está en el Senado para poder incorporarles los cambios estructurales que permitan la gestión administrativa, jurídica y financiera, y de esa forma resolver los graves problemas que hoy tenemos de funcionamiento de los servicios locales en nuestro país”.

Mala evaluación de los SLEP

En este contexto, la AMUCH, realizó una encuesta a apoderados de las 41 comunas que hoy funcionan con los SLEP, sondeo en que los servicios locales fueron evaluados con nota 2,7, reafirmando que existe un gran descontento con el nuevo sistema por parte de la ciudadanía.

Otro dato interesante de la encuesta es que el 81% de los consultados está en muy en desacuerdo o en desacuerdo con el Sistema de Admisión Escolar (SAE), constatando que el actual proceso de ingreso a los establecimientos educacionales genera rechazo en las familias chilenas.