La empresa constructora Claro, Vicuña, Valenzuela, solicitó este viernes su quiebra.

Anunció que desmovilizará más de 30 obras obras, dejando a 2.500 personas cesantes.

El abogado Nelson Contador, declaró “Esta es la más dolora y significativa decisión adoptada por la empresa, por su amplia y reconocida trayectoria, así como también por el gran impacto que esto provoca en sus colaboradores, proveedores, subcontratos, clientes y comunidad”.

Los pasivos de la compañía superan los US$ 60 millones, siendo el Banco Santander uno de sus mayores acreedores.

La constructora en su presentación a la justicia, declaró que entre los factores que la llevaron a decidir solicitar la quiebra se encuentra su relación contractual con el Ministerio de Obras Públicas, mandante en varios de los proyectos de infraestructura pública desarrollados por la compañía.

“Hoy la compañía debe avanzar hacia su liquidación afectada por los cambios estructurales que enfrenta la industria de la construcción y la burocracia de los mandantes públicos, en especial del Ministerio de Obras Públicas, para gestionar pagos, fracasando los intentos de solución extrajudiciales”, recalcó el abogado.

La pandemia del Covid-19 repercutió de igual forma en la decisión, debido al aumento de precio de los materiales de construcción, menor mano de obra con costos al alza, la inflación al igual que interrupciones en la cadena logística.

El atraso en el curso de los estados de pagos mensuales, de los mandantes públicos, que incluso incumplieron la ley de pago a 30 días, retrasos en la tramitación de convenios de pagos de obras ejecutadas y por ejecutar serían parte de la “burocracia de los mandantes públicos”.

CVV se vio imposibilitada de solventar gastos de obras al no contar con recursos del mandante, especialmente el Ministerio de Obras Públicas, por un monto cercano a los $ 17 mil millones.

“Respecto a esto, es relevante señalar que, según lo informado por el deudor, el volumen de deuda corriente con el que la empresa inicia este proceso de liquidación voluntaria asciende a más $ 44 mil millones, sin perjuicio de las garantías asociadas a las obras”, informó el abogado.

CVV espera contar con una herramienta legal que permita la liquidación de sus activos, junto con obtener el pago de lo adeudado por sus mandantes, al igual que continuar con la tramitación de reclamaciones a ciertos mandantes, juicios vigentes y finalmente, propender al pago de los acreedores.