La undécima sala de la Corte de Apelaciones de Santiago rechazó en forma unánime dos recursos de protección presentados por 34 madres y padres de la región del Biobío contra la Superintendencia de Educación, quienes alegaban que la resolución 768 del Ministerio de Educación, a favor de los niños y niñas trans, violentaba la Constitución y el interés del niño y de la niña.

En representación de padres y apoderados de Cañete, Lebu, Arauco, Hualpén, y Contulmo, sus abogados precisaron que tales materiales del Mineduc eran «ilegales» por «violentar el derecho a la libertad de conciencia de los niños, niñas y estudiantes pertenecientes al sistema educativo chileno» y porque la Superintendencia «se había excedido en sus facultades».

Pese a ello, en un fallo unánime, el ministro Jorge Zepeda, el fiscal judicial, Jorge Norambuena y el abogado Rodrigo Rieloff, señalaron todo lo contrario y rechazaron el recurso, hecho que fue aplaudido por el Movimiento de Integración y Liberación Homosexual (Movilh).

A juicio de Rolando Jiménez, “con este fallo triunfó la igualdad y la no discriminación en el sistema educacional chileno, al tiempo que fracasó una estrategia legal de odio de un grupo de personas que, manipuladas por supuestos pastores, buscaban negar derechos a niños y niñas en razón de su orientación sexual o identidad de género”.

El dirigente del Movilh agregó que «se validan las políticas a favor de niños y niñas LGBTI. Más aún, se exige a los opositores a este grupo humano que dejen de usar como excusa a los niños, e incluso a sus propios hijos, para imponer sus creencias y discursos de odio, pues eso es lo que violenta el interés superior de los niños y niñas”.