Eduardo Reyes Frías

 

Hay experiencias que se olvidan. “Temporal a pleno sol”, tituló la prensa la serie de olas gigantescas que inundaron el litoral, desde Talcahuano a Iquique, el 25 de julio de 1968. Por supuesto que los sectores ribereños sufrieron mayores impactos, afortunadamente sin víctimas fatales, en tanto no era temporada de playas. Los puertos soportaron la avalancha, pero debieron disminuir su actividad. No hubo viento ni lluvia.

La emergencia, algo menor, se repitió ahora en agosto, con la diferencia que los daños del oleaje aumentaron en locales turísticos del borde de Viña del Mar; especialmente en avenida Perú, Las Salinas y Reñaca. Una primera evaluación de la Municipalidad asciende a $ 200 millones en perjuicios. La etapa de Reñaca compromete $ 1.700 millones.

 “Se retrasará parcialmente el mejoramiento costero”, admitió la alcaldesa Reginato. ¿No será también una oportunidad para rediseñar proyectos muy cercanos al océano? Los ejercicios de evacuaciones masivas que realiza la Onemi en prevención de tsunamis también implican una conducta frente a las bravezas de mar.

Advertencias científicas

Alfonso Campusano, oceanógrafo, académico de la Universidad Andrés Bello, explica que “las fuertes marejadas obedecen al refuerzo ocasional del centro de alta presión atmosférica del Pacífico Sur que genera vientos de larga duración, los cuales forman olas de mayor altura y extenso período, cuya energía se acumula en la travesía oceánica hasta que se descarga en las rompientes costeras.”

-Además de las señales de alerta ¿qué otra precaución es necesaria?

“La prevención más efectiva y de largo alcance es que las construcciones ribereñas sean consultadas previamente a los expertos, tanto en la ubicación como en las características de las obras. De lo contrario, aumenta el riesgo destructivo en zonas que son vulnerables por naturaleza.”

En otra mirada, el oceanógrafo Campusano recomienda profundizar y ampliar la conciencia pública sobre los fenómenos naturales que afectan a Chile, desde tiempos remotos, de acuerdo con la cercanía del océano Pacífico. Concluye: “Los antecedentes científicos y técnicos deben estar asociados a los factores sociales y políticos para que sean efectivos.”

Pleito ambiental

La imagen publicitaria del Hotel Punta Piqueros, en roqueríos bajo el camino a Concón, se empezó a difundir casi simultánea con el reclamo de ilegalidad ante el permiso de edificación que había otorgado el municipio de Concón en enero 2011. En lo principal, el Comité Pro Defensa del Patrimonio de Viña del Mar acusó que el proyecto vulnera los valores ambientales del lugar, tipificado Litoral Marítimo, donde legalmente se excluye la construcción hotelera. Además de citar la Ley Lorca que rige desde Viña del Mar hasta la desembocadura del Aconcagua, el Comité denunció que el municipio conconino pasa por alto sus propias prevenciones sobre los riesgos de tsunami en el ámbito costero.

El alegato defensivo del proyecto, apoyado por la empresa inmobiliaria, sostuvo que la alcaldía y los concejales de Concón habían aprobado y difundido oportunamente todo el trámite del proyecto, conforme a las normas urbanísticas. Al respecto, se destacó que “el equipamiento turístico, recreacional y deportivo” que ofrece esta iniciativa, se encuentra aceptado en la administración del Litoral Marítimo. El informe sostiene que las intervenciones en el entorno rocoso serán mínimas.

Por último, al cabo de analizar los alegatos de ambas partes, en abril del presente año la Corte de Apelaciones de Valparaíso rechazó el reclamo de ilegalidad, aceptando la validez  del permiso de construcción del hotel cuestionado (3 votos x 0). No obstante, el 7 de junio la Corte Suprema admitió analizar un recurso de casación del Comité Pro Defensa del Patrimonio en referencia a la misma causa. No hay fecha para la posible revisión.

Prevenciones naturales

La marejada del 16 de agosto, cuya imagen indica que alcanzó comparativamente niveles superiores del proyecto hotelero de Concón, agrega elementos de juicio más realistas en el debate público en torno al desarrollo turístico del litoral. Se actualiza así la recomendación de combinar los conocimientos oceanográficos con las ordenanzas urbanísticas, los planos reguladores de las comunas y las inversiones empresariales.

El desajuste normativo se aprecia en que, a pesar de su complejidad técnica y ecológica, con una inversión anunciada en 35 millones de dólares, el proyecto Hotel Punta Piqueros está eximido de ser evaluado por un Estudio de Impacto Ambiental. No es un lapsus burocrático. Lo que pasa es que esta clase de construcciones en el borde costero se omitió en la Ley General del Medio Ambiente, promulgada en 1994. Es decir, la norma vigente es anterior al 27 de febrero del 2010.