Cuatro concejales de la comuna de Rancagua presentaron declaraciones en calidad de imputados ante la PDI, en un caso de presunto cohecho y amenazas.

En este sentido, las diligencias se dan en  medio de una investigación que se inició tras una querella interpuesta por la empresa Centro de Custodia de Vehículos Infractores (CCVI) Spa, responsable del aparcadero municipal de Rancagua, en la cual se apunta contra los concejales Hugo Guzmán, Emerson Avendaño, María del Carmen Orueta y Valentina Cáceres.

Según se señala en la presentación judicial, los concejales querellados se habrían presentado en el aparcadero privado, ubicado en Calle Camino San Ramón N° 5872, Lote N°9, en Rancagua, el 24 de marzo de 2023.

En el texto se lee que -según informó el encargado de la sucursal de la empresa CCVI- “los concejales querellados se presentaron en dicha sucursal, conjuntamente, coludidos y de manera irregular, señalando el querellado Sr. Hugo Guzmán Millán, en representación de los demás que: ‘’Queremos tomar contacto con los encargados de la empresa ya que la Ilustre Municipalidad de Rancagua está efectuando la convocatoria a licitación pública para que particulares desarrollen los servicios de aparcadero en la comuna, ya que la entidad edilicia debe cesar el funcionamiento del aparcadero municipal que actualmente proporciona el servicio, según indica la Secretaría Regional Ministerial de Salud de la Región del Libertado Bernardo O ́Higgins y le dejo mi número telefónico para que los directivos tomen contacto conmigo’’.

La querella agrega que “de inmediato, aprovechando la información privilegiada con la que cuenta el querellado recién citado y de que estaba únicamente con el encargado de la sucursal, manifestó que: ‘‘La Muni va a licitar el servicio, dígale a su jefe que converse con nosotros, ya que nosotros podemos ayudarlo si nos ayuda con algo, porque nosotros cuatro votamos siempre en bloque.’’

“Luego, los querellados continuaron recorriendo el aparcadero y el querellado concejal Sr. Emerson Avendaño Llanca valiéndose de información privilegiada, nos da los siguientes concejos técnicos para supuestamente asegurar la futura licitación: ‘’Se debe ampliar la envergadura del terreno, aumentando la cantidad de metros cuadrados para tener mayor capacidad, ya que hice averiguaciones en el departamento de rentas municipales y el terreno que cuentan no daría abasto para la cantidad de vehículos”. Acto seguido, el querellado Sr Hugo. Guzmán Millán, antes de retirarse manifestó que: ‘’Tomen contacto con nosotros lo más próximo posible, ya que se va desarrollar el concejo comunal para adjudicar la licitación’’, se lee en la acción judicial.

En la querella se establece que “finalmente, antes de retirarse estas autoridades municipales querelladas, el encargado de la sucursal los invita a firmar el acta de ingreso de autoridades o funcionarios públicos que mantiene la empresa, negándose de manera tajante a firmar”.

En la querella se señala, además, que “lo denunciado en esta presentación se confirma con lo expuesto en la SESIÓN ORDINARIA N°101 DEL CONCEJO MUNICIPAL DE RANCAGUA, transmitida en vivo (…) el día 04 de abril de 2023, ya que al abordar el tema del aparcadero municipal y la crisis sanitaria, el concejal querellado Sr. Emerson Avendaño, reconoce que concurrieron al aparcadero de la empresa que represento legalmente, manifestando que, cito textual: ‘’… en la comisión se señaló que habían espacios suficiente para tener más autos dentro del aparcadero municipal, de hecho nosotros fuimos a este lugar que estaba en San Ramón, que tiene patente de estacionamiento pequeño si mal no recuerdo y las hectáreas que nos señalaban ahí, de una y media, era muy inferior a las 5 hectáreas que tiene el terreno municipal.’’ Y que “Al tomar conocimiento de esta transmisión, procedimos a exhibirla a los trabajadores de nuestra empresa y testigos de los hechos de la presente querella, quienes al observar el video de la sesión N° 101 del Concejo Municipal reconocen a los concejales que concurrieron coludidos y de manera irregular el día 24 de marzo de 2023 a la empresa que represento legalmente (CCVI)”.

Entre las diligencias que encargó el Ministerio Público a la PDI, se encuentra la toma de declaración de los cuatro imputados, así como la recolección de diversos antecedentes que puedan esclarecer los hechos denunciados.