Este lunes, la alcaldesa de Melipilla, Lorena Olavarría (CS), confirmó que presentó una querella por fraude al fisco e indemnización de perjuicios en contra del ex jefe comunal Iván Campos (RN).

En este sentido, la jefa comunal detalló que la acción judicial se dirige también contra el exdirector jurídico de su administración, Rodrigo Videla, y el exdirector de Administración y Finanzas (s), Francisco Devia.

De acuerdo con el documento, la querella busca  “perseguir las responsabilidades penales debido al perjudicial contrato de compraventa que fue suscrito durante la administración de Campos en 2020” con el fin de adquirir un terreno para expandir el vertedero de Popeta, que significó -finalmente- una multa de $500 millones.

Según explicó la alcaldesa Olavarría el contrato se firmó el 16 de diciembre de 2020, e implicó un compromiso de pago de $1.656.952.000, los que debían cancelarse en cuatro cuotas de $100.000.000, y posteriormente el remanente de $1.256.952.000. Pero en el documento se consignó una cláusula de incumplimiento, que sólo afectaba a la municipalidad, y tenía un valor aproximado de $497 millones.

De esta manera, la primera cuota fue pagada al momento de la firma, la segunda cuota no fue cumplida con el argumento de “falta de recursos”. Una vez Olavarría asumió el municipio, los dueños del terreno presentaron una demanda para poner fin al contrato y recibir el pago de la millonaria multa.

En ese sentido, el Concejo Municipal acordó una transacción extrajudicial e hicieron efectivo el pago de la multa por $497.000.000. Luego, la alcaldesa ordenó una investigación interna y desde el municipio aseguran que descubrieron que había “liquidez suficiente” para pagar dicho contrato.

 “Tenemos la firme convicción de que existen hechos que configuran delitos de fraude al Fisco. Esto por el perjuicio patrimonial causado por la redacción de esta promesa de compraventa y la suscripción del mismo, que no contempla garantías para el patrimonio municipal. Además del no pago oportuno de una cuota del mismo habiendo recursos suficientes para ello. Eso determinó que perdiéramos casi $500 millones”, declaró la edil.

“Ahora serán los Tribunales quienes tendrán que dar por acreditados los hechos. Los responsables tendrán que pagar cada peso que tuvo que gastar el municipio por su inoperancia”, cerró.