En medio de la investigación por parte de Carabineros tras el robo de 23 notebook y una caja de seguridad desde las oficinas centrales del Ministerio de Desarrollo Social el pasado jueves, se sumó la presencia del personal de Cibercrimen de la PDI.

La presencia de los funcionarios de la Policía Civil se debió a los denominados casos convenios, entre fundaciones y organismos del Estado.

Según consigna La Tercera, en concreto, la PDI se encontraba en Mideso tras obtener la orden del fiscal de Alta Complejidad de La Araucanía, Carlos Cornejo, por la denuncia del diputado Andrés Jouannet sobre la entrega de $442 millones, en un plazo de cinco meses a la consultora Chikawal Limitada desde la Conadi.

Vale recordar que la consultora fue creada en febrero de este año.

La diligencia de la PDI fue solicitada para resguardar posible evidencia de la investigación luego del robo de los 23 computadores desde el ministerio.

La noche del jueves, detectives de la policía civil consultaron a funcionarios del Departamento de Tecnología del Ministerio en que lugar de la nuble se alojaba la información de los convenios para ver la posibilidad de realizar respaldos forenses de forma voluntaria, información que fue negada ya que se necesitaba una autorización por parte de autoridades de mayor rango.

Dada esta negativa, Fiscalía solicitó la autorización judicial, la que fue aprobada este viernes por el Juzgado de Garantía de Temuco, por lo que los funcionarios del Cibercrimen, iniciaron las copias forenses, acción que duraría varios días considerando la magnitud de la información.