La empresa controladora del la terminal aérea Nuevo Pudahuel, confirmaron que iniciaron un demanda arbitral contra el Estado de Chile en el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias relativas a Inversiones -CIADI-, esto tras seis meses de negociaciones que no llegaron a puerto con las autoridades chilenas.

De esta manera el grupo francés Aeroports de Paris y Vinci Airports, quienes controlan la concesión, alegó que el Gobierno de Chile por medio del Ministerio de Obras Públicas se negó a modificar el contrato de concesión, esto en el contexto de las millonarias pérdidas que ha significado las restricciones ocasionadas por la pandemia del Covid-19.

En este sentido, el mayor argumento de la reclamación ante instancias internacionales apuntaría a la aparente violación de las obligaciones del país bajo el convenio entre el Gobierno de la República de Chile y el Gobierno de la República de Francia sobre la Promoción y Protección de Inversiones, razón por la cual las empresas francesas alegaron que  el Estado debió haber adoptado medidas particulares en beneficio exclusivo de la concesionaria, para aliviar la baja temporal de ingresos que ésta ha sufrido por la disminución del tráfico aéreo y de las actividades comerciales del aeropuerto.

Tras esta demanda, la Subsecretaría de Relaciones Económicas Internacionales (Subrei) confirmó que tomó conocimiento del proceso iniciado ante el CIADI y recalcó que “Chile ha actuado con estricto apego al derecho internacional en todas las medidas adoptadas para controlar y mitigar los efectos de la pandemia”, co

De esta manera, agregó que las reclamaciones de ADP y Vinci “desvirtúan el serio esfuerzo que ha realizado nuestro país para enfrentar la pandemia por medio de medidas generales que velen siempre por los intereses de la población y de todos los actores de la economía, sin exclusiones, privilegios o discriminaciones”.

Además, agregó que “Chile tiene una trayectoria indiscutida como país receptor de inversión extranjera que promueve el libre comercio, respeta las obligaciones emanadas de Tratados internacionales y valora la contribución del sector privado al desarrollo de nuestro país. Este caso no ha sido la excepción”, cerraron.

Cabe recordar que las concesionarias se adjudicaron en 2015 la ejecución, reparación y explotación del Aeropuerto Internacional Arturo Merino Benítez, por un plazo de 20 años, concesión que durante el próximo mes entregará uno de sus grandes hitos con la conclusión del nuevo terminal en el cual se invirtió cerca de  US$ 1.000 millones.