El Consejo de Defensa del Estado (CDE), anunció que interpuso una  querella criminal en contra de quienes resulten responsables de los millonarios perjuicios al Estado ocasionados mediante un entramado de intervenciones fraudulentas para la suscripción de un contrato entre la empresa pública ENAP —a través de su filial ERSA— y la consultora de asesorías medioambientales Besten S.A.

En este sentido, la querella tomó como base el informe de la Contraloría General de la República, de fecha 25 de junio de 2020, el cual detectó una serie de inconsistencias en las fechas de cumplimiento del contrato que no lograron ser razonablemente esclarecidas por ENAP. Junto a ello, en dicha auditoría se constató que los servicios no fueron finalmente utilizados, pagándose parte de los mismos incluso con posterioridad al cambio de tecnología que fue invocado como justificación por parte de la empresa pública para justificar su no utilización.

Asimismo, conforme señala el Ente Contralor, “el monto de dichos servicios –por $308.000.000, pagado a suma alzada–, sería sustantivamente más elevado que el de otros de similares características contratados anteriormente”.

Finalmente, desde el CDE agregaron que en la querella también se incluirá el contrato suscrito el 7 de noviembre de 2014 para la realización de dos Declaraciones de Impacto Ambiental (DIA) y un Estudio de Impacto Ambiental (EIA), el cual fue otorgado mediante adjudicación directa, en circunstancias que “debió hacerse por licitación”, indicaron.