Este miércoles en el Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago, comenzó la preparación de juicio oral contra Marco Enríquez-Ominami (ME-O), por el delito de fraude de subvenciones en el denominado caso OAS.

En la instancia  la fiscal Ximena Chong comunicó la modificación en la condena solicitada para el ex candidato presidencial  y solicitó cuatro años de presidio menor en su grado máximo más una multa de 30 UTM por el delito de fraude de subvenciones, rectificando la pena sugerida en la acusación del caso, correspondiente a 5 años y 1 día de presidio.

Con esto, la pretensión del Ministerio Público de obtener una condena de cumplimiento efectivo de cárcel –en caso que el cineasta sea declarado culpable- se rebaja a una pena remitida o en libertad.

Dicha modificación era uno de los elementos que se esperaba que la fiscalía anunciara al inicio de la audiencia preparatoria del juicio oral de la causa, luego que el Consejo de Defensa del Estado –querellante en el caso- advirtiera en abril pasado, a través de un comunicado, que “la pena mayor que la ley dispone para el delito de fraude de subvenciones, imputado a Marco Enríquez-Ominami, considerando solo el reconocimiento de la atenuante de irreprochable conducta anterior”, es de 4 años, descartando –con ello- que la pretensión del CDE se alejara a la de la fiscalía.

“La diferencia con la pena solicitada por el Ministerio Público responde a un mero error formal que se produjo, aparentemente, en la solicitud de pena efectuada por la fiscalía. De hecho, entendemos que tal error sería subsanado por dicho organismo en la audiencia de preparación de juicio oral, lo que, en la práctica, debería traducirse en la rebaja de la pena solicitada por él, que tendría que ser igual a la pena solicitada por el CDE”, argumentó en esa oportunidad el servicio.

Situación del Avión prestado

“El avión no tiene una condición delictiva”. Con esas palabras, la fiscal de delitos de Alta Complejidad Centro Norte, Ximena Chong, aclaró que los hechos que sustentan su acusación fiscal contra Marco Enríquez-Ominami por el delito de fraude de subvenciones -y que apuntan al uso del avión de la empresa brasileña OAS durante su campaña presidencial en 2013- son elementos de contexto y no se trata de una imputación penal.

La precisión del Ministerio Público responde a la petición de los defensores públicos Carlos Mora, Octavio Sufán y Cristian Martin, quienes buscan eliminar todas las alusiones a la facilitación del avión de la empresa OAS al cineasta, y cuya resolución se conocerá mañana, durante la segunda jornada de la audiencia preparatoria de juicio oral por el juez del 7° Juzgado de Garantía de Santiago, Cristián Sánchez.

Según expuso la fiscalía, la intención de incluir los hechos en cuestión fue “para explicar cuál es el contexto financiero de la campaña de Enríquez-Ominami, de incorporar facturas falsas y obtener fondos del fisco”, recalcando que el Ministerio Público no imputa el delito en base a la facilitación del avión OAS y, lo que hace, es señalar un elemento de contexto.

“Han festinado durante 4 años con un avión, cuando no era materia de investigación penal”, alegó al respecto Sufán, enfatizando que “la situación objetiva es que a mi representado se le está imputando un ilícito”.

En la misma línea, Mora aseveró que “el Ministerio Público está intentando -de alguna forma que no corresponde- revivir la causa que dice relación con el avión por el cual no se acusó”.

“Este juicio no tiene relación con el avión, lo que pasa es que la fiscalía intenta volver al debate del uso del avión señalando que es solamente de contexto, pero el núcleo central de la prueba presentada, sí dice relación con el avión, lo cual, dentro de nuestro punto de vista legalmente hablando, no corresponde”, destacó.
Por su parte, el defensor público Cristián Martin aludió en sus argumentos al caso de Evelyn Matthei, quien fue investigada y sobreseída por el uso en dos oportunidades, de un avión que no fue declarado ante el Servel, y que tanto el Ministerio Público como el tribunal, estimaron que no se encuadraban dentro de la figura penal de fraude de subvenciones.