El jefe de la bancada DC, diputado Gabriel Ascencio confirmó hoy que “la Contraloría General de la República determinó que “los Intendentes y Seremis de todo el país que el año pasado usaron las cuentas institucionales para criticar la forma como la oposición votó el reajuste al salario mínimo, actuaron fuera de lo que la normativa y dictámenes establecen”.

El diputado Ascencio, junto a otros parlamentarios, recurrió a fines de agosto del año pasado a la Contraloría para denunciar y pedir que se investigara la legalidad del uso que los Intendentes Regionales, Seremis y otros funcionarios públicos de todo el país estaban haciendo de las redes sociales institucionales para criticar la forma cómo la oposición había votado el reajuste al salario mínimo presentado por el gobierno y emplazándolos por ello”.

Parte de los mensajes que llevaron a parlamentarios de oposición a recurrir hasta contraloría.

Tras unos meses de investigación, el diputado Ascencio informó que “la Contraloría General de la República ha emitido un dictamen claro y contundente en que recuerda que un funcionario tiene prohibido realizar cualquier actividad política dentro de la administración del estado”,

“Además detalla que quedan impedidos de utilizar bienes públicos para realizar actividades políticas y señala expresamente que los medios de comunicación institucionales sólo pueden ser utilizados para emitir expresiones que digan relación con el funcionamiento del organismo respectivo”.

“Por ello, advierte que las autoridades de los organismos denunciados se abstengan de utilizar las cuentas de twitter y páginas web institucionales para emitir opiniones políticas personales con motivos de la discusión de un proyecto de ley”.

“este dictamen es muy importante porque nos dio la razón cuando denunciamos que no correspondía que los Intendentes, SEREMIS y jefes de servicio utilizaran la cuenta institucional para criticar la forma en que habíamos votado y mucho menos para emplazarnos públicamente por ello” , indicó el parlamentario.

“La Contraloría señala que las autoridades, como personas naturales, y fuera de su horario laboral y sin utilizar bienes públicos, pueden emitir opiniones políticas pero observando un comportamiento funcionario y social acorde con la dignidad del cargo que ostentan”.

“Por ello, esperamos que, conocido este categórico dictamen, las autoridades denunciadas reconozcan su error y que no vuelvan a utiliza cuentas institucionales para realizar críticas políticas”.