Ayer, vecinos de Quintero y Puchuncaví le solicitaron a la Corte de Apelaciones porteña hacerse parte de los casos por intoxicación que vivieron entre agosto y septiembre del año pasado.

Esto, según lo informado por El Mercurio de Valparaíso, se debe a que el Estado ha hecho oídos sordos en cuanto a la protección de la población afectada, postergando la situación.

Es así como la Tercera Sala de la Corte escuchó los argumentos de los ocho abogados que impulsaron estos recursos de protección a las más de 1.700 víctimas, que solicitaban al Estado ponerse firme respecto al tema.

Una de ellas, fue la abogada Josefina Correa, quien señaló que “es precisamente la Corte quien tiene que convidar al Estado a hacerse cargo. Hay una oportunidad histórica de la Corte de Apelaciones de tomar las decisiones”, dejando en claro, además, que la situación es permanente en las comunas afectadas.

Por otra parte, la abogada Alejandra Donoso explicó que, por medio de este proceso, “pudimos dar cuenta de la gravedad, de la magnitud de la situación. Yo espero que la Corte de Apelaciones esté a la altura. Está claro, no hay ninguna duda de la gravedad de la situación, del riesgo al cual se ha sometido la población y que se necesitan medidas urgentes”.

Sin embargo, el medio local informó que los abogados representantes de las municipalidades de Quintero y Puchuncaví se ausentaron de esta instancia, a pesar de haber presentado recursos contra Enap por los episodios de contaminación vividos entre los días 21 y 23 de agosto del 2018.

Objetivo

El fin último de esta iniciativa, según el grupo de profesionales, es que, en primer lugar, la Corte no permita más vulneraciones a los derechos de la población, en segundo lugar, paralizar temporalmente la zona industrial para determinar qué gases afectaron a la población y tener información respecto a ellos. En tercer lugar, hacer una revisión de los proyectos antiguos y nuevos del complejo, poniendo en línea sus procesos con lo establecido por la OMS y, por último, realizar un catastro del estado de salud de las personas afectadas.  

Corte Suprema

El equipo de abogados señaló que, si la Corte de Apelaciones de Valparaíso no atendía a su petitorio, acudirían a la Suprema Corte para que sea parte del proceso en contra del Estado y de Enap.

Investigación del Ministerio Público

Paralelamente, el Ministerio Público está realizando una investigación respecto a este tema, la cual está llevando a cabo la Fiscal Regional del Biobío, Marcela Cartagena, con el fin de determinar si hubo responsables de delitos cometidos en la Quinta Región.

Cartagena había investigado un caso similar en Talcahuano, señalando que, en ambos casos, “la Fiscalía tiene certeza de que los olores o los gases que se desprendieron proceden todos del crudo iraní que traía el buque Monte Toledo”. No obstante, la fiscal Cartagena aún no solicita la formalización a algún responsable de estos hechos, informó el medio local citado.