La Cámara de Diputados dio el vamos al debate del proyecto que regula el uso medicinal del cannabis, el que contó con partidarios y detractores de la futura normativa y que, de acuerdo a sus antecedentes, contempla desarrollarse desde una perspectiva sanitaria.

Se trata del segundo informe de la Comisión de Salud, en el que se explica que “tratándose de la fabricación de productos derivados de especies, subespecies y variedades del género cannabis, destinados a la atención de un tratamiento médico, deberán ser prescritas por un médico cirujano tratante, mediante la correspondiente receta extendida”.

El proyecto indica que la citada receta constituirá autorización suficiente, respecto a la limitación establecida en la Ley 20.000 (art. 8) sobre autocultivo, “cuando especifique la dosis necesaria, el tiempo de duración del tratamiento, y corresponda a alguna de las enfermedades susceptibles de ser tratadas mediante estos productos”.

En el texto legal se especifica que corresponderá al médico tratante fundamentar en su diagnóstico la pertinencia del tratamiento indicado en la receta médica y que no se considerarán como falsificados los productos naturales derivados de cannabis, siempre que su uso sea prescrito con fines medicinales.

En sus antecedentes la moción argumenta que a lo largo de la historia se han descubierto vastas propiedades curativas y medicinales, siendo utilizada para tratar fuertes dolores, insomnios, faltas de apetito o espasmos.

Desde el 2014, el Servicio Agrícola y Ganadero (SAG) ha dado autorización a Fundación Daya para el cultivo de cannabis con el objetivo de investigar y producir fitofármacos, haciéndolo también a través de convenios con distintos municipios, permitiéndole a la autoridad comunal dentro de las normas sanitarias y farmacológicas que establece la ley, el abastecimiento para tratamiento de algunas dolencias.