El ministro en visita para causas de violaciones a los derechos humanos de la Corte de Apelaciones de Santiago, Miguel Vázquez, condenó a siete oficiales (r) del Ejército, por su responsabilidad en los delitos de secuestro y homicidio de 23 colaboradores del presidente Salvador Allende, detenidos tras el golpe de Estado en La Moneda, el 11 de septiembre de 1973.

En el fallo, el ministro en visita condenó a Pedro Octavio Espinoza Bravo a la pena de 20 años de presidio, en calidad de coautor de los delitos de homicidio calificado de: Óscar Luis Avilés Jofré, Jaime Antonio Barrios Meza, Manuel Ramón Castro Zamorano, Claudio Raúl Jimeno Grendi, Georges Klein Pipper, Óscar Reinaldo Lagos Ríos, Julio Hernán Moreno Pulgar, Egidio Enrique Paris Roa, Héctor Ricardo Pincheira Núñez, Luis Fernando Rodríguez Riquelme, Jaime Gilson Sotelo Ojeda, Luis Fernando Tapia Martínez, Héctor Daniel Urrutia Molina, Juan Alejandro Vargas Contreras y Juan José Montiglio Murúa.

En tanto, Servando Elías Maureira Roa y Jorge Iván Herrera López deberán pasar nueve años en prisión; y los ex militares Teobaldo Segundo Mendoza Vicencio, Eliseo Antonio Cornejo Escobedo, Bernardo Eusebio Soto Segura y Jorge Ismael Gamboa Álvarez, el ministro Vázquez Plaza fueron condenados a siete años de presidio, como coautores de los delitos de homicidio calificado.

Además, en el caso de los ex militares Servando Elías Maureira Roa y a Jorge Iván Herrera López, se les sumó una pena de cinco años de presidio menor en su grado máximo, por ser coautores de los delitos de secuestro calificado de Sergio Contreras, Daniel Francisco Escobar Cruz, José Freire Medina, Daniel Antonio Gutiérrez Ayala, Enrique Lelio Huerta Corvalán, Juan Eduardo Paredes Barrientos, Arsenio Poupin Oissel y Óscar Enrique Valladares Caroca.

Los hechos

En la investigación se determinó que tras el golpe de Estado, militares ingresaron a la casa de gobierno para detener a unas 50 personas, entre las que se encontraban asesores del presidente Allende, miembros de seguridad (GAP), médicos y detectives de la PDI.

48 horas después, sólo 23 quedaron detenidos, mientras que el resto fue liberado. Sin embargo, los aprehendidos fueron torturados en el regimiento Tacna, lugar donde fueron amarrados de pies y manos y trasladados a un recinto militar en Peldehue, donde fueron asesinados con una ametralladora.

Tras dar muerte a estas personas, se les arrojaron granadas hacia las fosas donde cayeron, para finalmente sepultarlos con tierra, todo «ante la vista de un oficial de Ejército que presenció los fusilamientos», como indica la investigación.