Los 10 funcionarios de Carabineros acusados de facilitación de explotación sexual de menores de edad fueron formalizados esta mañana en el Juzgado de Garantía de Santiago.

Tras escuchar los argumentos de la Fiscalía, el Tribunal estableció las medidas cautelares de arraigo nacional y prohibición de acercarse a las víctimas para los 10 uniformados.

El Ministerio Público y el Consejo de Defensa del Estado (CDE) acusaron a los policías de “no haber tomado las medidas para evitar que continuara la explotación de niñas sometidas a la prostitución”, los que -según dijeron ambos organismo- “ellos conocían”.

Tomando esto como base, la jueza Veróniza Vásquez determinó que “había un deber de los imputados, que debieron actuar, que tenían conocimiento de los hechos y que, con su omisión, hicieron posible que se concretara el delito”.

Cabe recordar que -además- Richard Espinoza, Jorge Sánchez, Javier Lagos, Diego Aguilar, Cristián Cea, Erwin Cárdenas, Jorge Peña, Aníbal Paredes, Cristián Garcés y Manuel Álvarez, están siendo investigados por la propia institución, a través de un sumario.