Hasta el Ministerio de Salud llegará la diputada Andrea Molina para pedir explicaciones respecto de la denuncia realizada por la organización Dunas de Ritoque, que señala que los recursos marinos de la bahía de Quintero superan la norma de Arsénico en 23 veces lo permitido por el código sanitario.

“Vemos una Seremi de Salud que invita a la tranquilidad al señalar que no existe riesgo para la salud al consumir productos marinos de Quintero, pero por otro lado, manejamos cifras alarmantes que se desprenden de un estudio realizado por el Instituto de Fomento Pesquero, respecto a la alta concentración de metales pesados en estos alimentos. Nosotros como autoridad y principalmente las comunidades, necesitamos información veraz que nos clarifique de una buena vez cuales son las verdaderas consecuencias de los tres derrames ocurridos en la bahía y la historia ambiental que acarrea esta zona”, puntualizó la parlamentaria.

Agregó además que ésta es una denuncia grave que pone en peligro a la población y preocupa que eventualmente las autoridades no solo omitan lo peligroso que puede ser que se consuman productos marinos con altas concentraciones de metales, sino que peor aún, que siendo esto real, no se haga nada para remediar dicha situación.

“Según el código sanitario de alimentos, los límites máximos permitidos para el Arsénico son de 2 miligramos por kilo en moluscos y 1 miligramo por kilo en pescados y vemos que la norma es superada hasta 23 veces en el caso de la jaiba peluda con 57,58 miligramos por kilo. Se encontraron otras especies que superaron la norma en 3 mil quinientas veces y ahí es cuando me pregunto, dónde están las autoridades, sabiendo que al menos el arsénico es un producto altamente tóxico y cancerígeno. Si efectivamente aquí hubo omisión, esta sería una falta gravísima que atenta contra la salud y la vida de las personas”, sentenció la legisladora.

En ese sentido, el presidente de la organización Dunas de Ritoque, Andrés León, denunció además que para esconderle a la población esta preocupante información, le fue rechazada en dos ocasiones su solicitud para obtener detalles del informe mediante la Ley de Transparencia.

“Tenemos el acta que dice que las autoridades de salud se juntaron con la gente del IFOP  en diciembre del 2015 y en vez de tratar de tomar las medidas correspondientes solo discutieron como abordarían comunicacionalmente los resultados de este estudio, que ni siquiera se nos terminó comunicando. Nos costó mucho conseguir esta información que nos fue negada dos veces por Transparencia y finalmente tuvimos que ir al Consejo para obtenerla. Estamos estudiando tomar acciones legales ya que sabemos que las cifras de cáncer están creciendo en la zona y tememos que nuestra salud esté expuesta tras esta grave omisión de información”, concluyó.