También plantean que todo cambio de esta envergadura debe realizarse con los actores sociales involucrados y no desde la visión sesgada del mercado, donde –aseguró que- los estudiantes son clientes y los docentes empleados del sistema educativo.

Christian González G.

Al interior del Colegio de Profesores, comunal Valparaíso, existe una consigna casi única: la Reforma Educacional es completamente necesaria, pero existen muchas dudas acerca de cómo se va a llevar a cabo. En esta línea, los docentes creen que la intención es muy buena en cuanto al término de la municipalización, de la selección, del lucro y del financiamiento compartido, pero consideran que se está olvidando algo que es relevante para edificarla: dejar atrás los principios de subsidiaridad.

Sobre este tema, Guido Reyes, quien es el primer vicepresidente del directorio nacional del Colegio de Profesores, precisó que mientras no se termine con este principio subsidiario de la Constitución de 1980, no va a existir una buena reforma educacional que termine con los puntos estipulados como “de buena fe” por este Gobierno.

“En el papel la reforma tiene una buena intención, pero mientras no se termine con el principio de subsidiaridad arrastrado de la Constitución que permitió que se generara toda este debacle, tanto secundaria como universitaria; entonces creemos que mientras no se cambie eso no vamos a tener una educación pública de calidad. Dentro de eso, la reforma educacional implica un cambio constitucional porque antes del ’81, el Gobierno era el garante de la educación, después esta obedecía al principio de subsidiaridad donde llega el privado”, aseguró Reyes.

Propuesta

Al respecto, Eduardo González, profesor del Instituto Superior de Comercio (Insuco) de Valparaíso y director del comunal del Colegio de Profesores, dijo que como organismo son muy críticos, que se genera consenso en el tema del copago y la selección, pero que lo más importante –y que se desconoce según dijo- es cómo se abordará la reforma para impulsarla.

Ante esto, el docente porteño postuló que “habría que generar un proceso de cambio de financiamiento y sustraer a la escuela pública del mecanismo. Proponemos una redefinición del Estado, un cambio constitucional, que el Estado sea garante y no subsidiario; eso es lo primero”.

“Lo segundo tiene que ver con la gestión y la administración. Por ejemplo, que la desmunicipalización no sea con gente privada, que tenga dependencia del Estado a través del Ministerio de Educación y la Seremi. Y tercero, que la escuela tenga su propia dinámica, acá son varios puntos a destacar: se necesita una mayor democratización interna de escuelas, un cambio en los consejos escolares, que hayan órganos consultivos donde los propios actores sean quienes tengan la facultad de determinar los elementos curriculares de manera contextualizada”, agregó González.

Educación como derecho

Paula Ortiz, docente de Lenguaje y Comunicación del liceo Tecnológico Alfredo Nazar Feres de Playa Ancha y secretaria del Colegio de Profesores de Valparaíso, considera que toda reforma debe realizarse con los actores sociales involucrados y no desde la visión sesgada del mercado, donde –aseguró que- los estudiantes son clientes y los docentes empleados del sistema educativo.

Agregó que el juego de la oferta y la demanda justifica, desde esa óptica, muchas desigualdades, “no sólo porque la educación permita la movilidad social, sino que porque la educación mejora la calidad de vida en todos los aspectos del ser humano y eso ha quedado fuera del discurso oficial del gobierno”.

Acerca de las propuestas entregadas, la docente porteña manifestó que “si se quiere implementar una reforma, partamos primero modificando la Constitución para que la educación sea realmente un derecho humano fundamental, que garantice la vida en sociedad, en que el Estado asuma un rol protagónico y que el Ministerio de Educación tenga injerencia y no el mercado y el conjunto de leyes referidas a educación que tanto hemos criticado. Entonces, si no hay un cambio estructural, el resto son paliativos para ir terminando con la educación municipalizada, no pública”.

Problemas

Conocidos por todos son los problemas que tienen los profesores de nuestro país: el bono SAE, la recuperación de la educación pública, la evaluación docente, los problemas de la carrera profesional docente, el tema de los profesores a contrata y sobre todo, los bajos sueldos.

Al respecto, Guido Reyes dijo que “siempre hemos tenido sueldos bajos, pero en la década del ’80, con este principio de subsidiaridad los sueldos pasaron a ser miserables. Del ‘90 en adelante se recuperan algunos elementos que concuerdan; pero hoy, este mismo principio ha desvalorizado la profesión, la ha llevado a su mínima expresión, donde la remuneración es de 400 mil pesos trabajando 30 horas”.

Ante este problema, el docente de la escuela Gaspar Cabrales dijo que “esto ha significado un deterioro paulatino, donde los gobiernos desarticularon el estatuto docente que en los ‘90 fue capaz de reconocer la función de los docentes. Después fue más deteriorado con el Gobierno de (Sebastián) Piñera, donde desarticularon el estatuto docente y permitieron las trabas, porque según ellos, la mayor complicación eran los profesores”.

Respeto a la profesión

A juicio de Paula Ortiz, “en una sociedad de consumo como en la que estamos inmersos, es difícil hablar de respeto, dado que el respeto y el reconocimiento va más por el lado de quien tiene una mejor situación económica y, esto repercute en la concepción que tienen los futuros estudiantes universitarios, los que saben que la carrera de pedagogía no es lucrativa y no es reconocida por la sociedad, salvo en los discursos del Día del Profesor, en que se habla de su “vocación” y cuando se critica la mala calidad de los educadores chilenos, ahí se habla de los docentes”.

Respecto a la autoridad del profesor en las aulas, la docente de Lenguaje y Comunicación dijo que “en la sala de clases, muchos docentes son maltratados pero no sucede nada, pues dicen que debemos tener paciencia, que para eso quisimos ser profesores. De los directores y directivos que hostigan a los docentes nada se dice, pues el director cada año puede poner a disposición al profesor y eso significa quedar sin trabajo; entonces, el colegio de profesores debe apoyar a los afectados”.

Por su parte, Eduardo González cree que “lo importante es entender que esto obedece a un fenómeno social, político y estructural, donde se pasa a discriminar al profesorado y no sólo en Chile, sino que pasa en toda Latinoamérica, donde existe una política neoliberal. Acá, la principal tesis que existe es que se ve al profesor como el responsable principal en la baja de las pruebas como por ejemplo el Simce; entonces hay una responsabilidad histórica del descrédito hacia los profesores”.