A través de dos vías el Gobierno llevará su ofensiva para suspender los pagos a las cerca de 8 mil personas que se consideran actualmente como falsos exonerados, los que se dividen en los 3 mil casos irregulares detectados por la Contraloría y los 4.500 descubiertos por el Ministerio del Interior.

Según explicaron este jueves la ministra del Trabajo, Evelyn Matthei, y el subsecretario del Interior, Rodrigo Ubilla, estos y todos los los antecedentes serán entregados a la Contraloría y al Ministerio Público, y también se comenzarán a revisar, a través del Instituto de Previsión Social (IPS) todos los casos aprobados hasta hace dos años atrás.

«Están dentro del plazo respecto del cual el IPS tiene competencia para actuar administrativamente, esto es los últimos 2 años. Estos casos podrían llegar a 700», señaló Matthei.