El proyecto propone multas millonarias a las empresas que subcontraten call centers en países como Perú y Colombia.

“Acceder a lo solicitado por dicha federación es una decisión que corresponde a sus empleadores, con quienes mantienen la relación laboral y que está más allá de las facultades que le entrega la ley a toda empresa pública del país” informaron desde la empresa nacional del petróleo.