La petición busca desalojar a más de 4 mil familias que habitan el terreno desde hace más de seis años.
El plazo se amplió hasta el 3 de septiembre; si no hay acuerdo, más de 4.100 familias arriesgan desalojo.
El Ministerio de Vivienda y Urbanismo solicitó suspender el desalojo programado y los dueños del terreno evaluarán una oferta de compra.