Amado Boudou fue condenado por los delitos de negociaciones incompatibles con la función pública y cohecho.
Decisión fue adoptada por el Juzgado de Garantía de Rancagua, la que podría ser apelada por parte del Ministerio Público.
Alrededor de 100 personas llegaron hasta las afueras del Juzgado de Garantía de Los Andes para manifestarse por la muerte de la pequeña Ámbar, de tan sólo un año y siete meses.
El ex mundialista con la Roja en Francia ’98 deberá enfrentar la audiencia de formalización por una presunta apropiación de un terreno ubicado al lado de uno de sus moteles.
El abogado Ravest fue gobernador de Quillota durante ocho años y también se desempeñó como seremi de Justicia en la región de Valparaíso.
Fiscalía solicitó que se permitiera aplicar la facultad de no perseverar, para que, en caso de haber nuevos antecedentes, se pueda reanudar la investigación por asociación ilícita terrorista e incendio.
Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago confirmó que la causa debe ser tramitada en los Tribunales de Justicia de Temuco.
El magistrado Marcial Taborga ordenó el ingreso del hombre a la cárcel de Rancagua, por considerar que su libertad «constituye un peligro para la seguridad de la sociedad».
Pese a esta decisión de la Fiscalía, el Gobierno solicitará formalmente que continúe la investigación, para esclarecer los presuntos delitos y determinar responsabilidades.
En enero se realizaron ocho operativos conjuntos en distintos horarios, de los cuales siete se llevaron a cabo en Reñaca y uno en el Muelle Vergara.
La víctima corrió tras el sujeto y su cómplice. En medio de gritos de auxilio, personal policial advirtió lo ocurrido y salió en persecución del imputado, logrando darle alcance.
El monto defraudado asciende a $26.756.998.984, según indicó Eugenio Campos, fiscal de la región de Magallanes, encargado de encabezar la investigación.
La defensa del hijo de la Presidenta insistió en la tesis que «no existen los antecedentes necesarios» que determinen su participación en los delitos que el Ministerio Público le imputa.
Además, se consideró que no era necesaria su presencia en la audiencia de preparación oral del juicio por los presuntos delitos tributarios del caso Caval.